EDITORIAL DEL DIRECTOR DE LA GAZETA –
Con motivo del aniversario de 25 años de la Convención Reformadora de 1994, se han realizado numerosas reuniones, simposios y conferencias, donde se han vertido valiosas consideraciones, algunas de las cuales conviene recoger .
La primera es respecto de la evidente legitimidad y legitimación institucional resultante de la misma, que vino a resolver dudas, corregir defectos y superar falencias de las previas reformas. Tales como las que pesaban sobre la deficiencia en la convocatoria de 1949 o su subsistencia por haber sido derogada de facto; las afectaban a la de 1957 por proscripción de parte del electorado ,su sinuoso trámite y abrupto final, o las algunas buenas iniciativas introducidas vía de facto en 1972, y, por último, las propios defectos en el trámite de convocatoria de 1994.
El consenso arribado entre los distintos partidos y los bloques participantes de la convención, permitió un ordenamiento constitucional, que debe reputarse como valioso y perdurable. Las negociaciones previas que llevaron al núcleo de coincidencias básicas y ,después, los acuerdos arribados, muchos de tipo operativo, pero otros sustanciales de gran importancia como la incorporación de los tratados de los derechos humanos y nuevos derechos, a los que se suma un plan de gobierno del desarrollo sustentable y activo plasmados en varios incisos del artículo 75, configuran un nuevo pacto preexistente, fundamento de un posible plan de gobierno compartido , que está pendiente de ejecución.
Y sobre esto último, cabe agregar esta segunda reflexión: a través de la ley Saenz Peña de 1912 los partidos mayoritarios llegaron a un acuerdo de gobernabilidad por el cual se determinó la inclusión en la vida política y social de las clases medias descendientes de inmigrantes, una vasta muchedumbre hasta entonces marginada. Una segunda gran incorporación fue de las clases obreras industriales resultado de la migración interna a las ciudades consolidada con las reformas de 1949 y 1957 . El tercer desafío es detener y superar la progresiva exclusión de casi un tercio de la sociedad , resultado del desigual desarrollo vivido en el país, reflejo a su vez de algo que está ocurriendo en todo el mundo, entre aquellos que tienen acceso a condiciones de empleo ,vida digna, educación de calidad, alimentación suficiente desde la primera edad, y capacitación para ingresar al nuevo orden de tecnologías avanzadas en curso a toda velocidad, y aquellos que conforman una masa de progresivamente marginalizados , la nueva clase de los excluidos de la vida social y de los beneficios del desarrollo global y nacional.
Si repasamos los propósitos pactados en 1994 por la unanimidad de la clase política, tiene sentido exigir a quienes hoy tienen vocación de dirigencia tanto política como social, a hacer efectivos los términos comprometidos de coincidir en una sola meta: hacer reales los objetivos de 1853, de unión nacional, afianzar la justicia , consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, en los términos hoy actualizables de 1994, o sea a la vez, proveyendo lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Todo ello para crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; equilibrando el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Conformando una educación que consolide la unidad nacional respetando tanto los principios de gratuidad y equidad como las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen… la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
Partiendo de estos pactos arribados por unanimidad en 1994, solo cabe exigir su respeto como única guía de los planes, acciones y decisiones políticas, fiscales y presupuestarias futuras, a consensuar entre los partidos y “espacios” para poner en marcha esos procesos de manera tal de acabar con la vergüenza de quienes hoy están en el plano inclinado del atraso, viviendo sobre y en los márgenes, sin expectativas de futuro para dignificarse, o dignificar a sus hijos y nietos.
Y aquí pues la gran tarea, que debiera convocar a todos con sentido patriótico, para generar situaciones en convivencia social pacífica, aumento de la producción y de la productividad , y adecuados parámetros de distribución de las cargas y los ingresos. Enseñaba el premio nobel Paul Samuelson, que los problemas centrales de la organización socioeconómica consisten en consensuar qué se produce, cómo y por qué medios ha de producirse, y para quien se produce. Este para quién, tiene una doble mirada. Se ha de producir para el mundo, aumentando la productividad general de la economía, pero no ha de esperarse un derrame, sino que han de trazarse políticas de distribución para que el desarrollo alcance a todos y cada uno de los habitantes. Un país puede ser grande hacia afuera, con presencia y peso político, pero sobre todo debe ser también grande hacia adentro, conteniendo y dando un lugar digno y propio a todos y cada uno. Las acciones que lleven hacia la tan ansiada estabilidad monetaria con crecimiento deben pues fundarse en una estrategia necesariamente compleja, abarcativa, multisectorial y global, y como tal no puede ser hecha por los particulares, siendo de clara competencia de los gobernantes , pero no exclusiva de ellos , pues les corresponde liderar e involucrar a todos los actores sociales en el acompañamiento y participación en tales políticas.
Por Roberto Antonio Punte
