REPÚBLICA O CORPORACIONES

 

Por Guillermo V. Lascano Quintana.

 

“Ojalá que el Gobierno entienda que tiene que dialogar con los sectores representativos de la sociedad civil, votados por el pueblo y los que representan sectores sindicales y sectores empresarios” dijo un legislador que frecuenta al Papa, al explicar el rechazo de la donación, que hizo el gobierno argentino a pedido de los directivos de un obra impulsada por el pontífice. Últimamente este concepto ha sido repetido por varios empresarios,  algunos sindicalistas y dirigentes políticos.

Tal propuesta encierra algunos equívocos sobre los que reflexionaré.

El primero es la insólita y absurda falsedad implícita sobre que el gobierno no dialoga. Hace muchos años que no presenciábamos tanto diálogo entre los dirigentes de Cambiemos y todos los sectores, no solo políticos. Casi diariamente hay encuentros, conversaciones y discusiones que incluyen diputados, senadores, ministros, intendentes, gobernadores, empresarios, obreros o simples ciudadanos y que se llevan  a cabo en un marco de respeto y cordura inexistente hasta hace pocos meses. Todo ello sucede a la luz pública y es recogido por la prensa oral y escrita de un modo que a veces apabulla por lo  minucioso. Como si ello fuera necesario ante tanto silencio y secreto del pasado.

Otra falsedad, tan evidente que sorprende que se  ignore es que, como resultado de aquel diálogo, el Congreso de la Nación, donde Cambiemos no tiene mayorías, funciona normalmente y sus integrantes no solo conversan sino que acuerdan, tras discusiones y negociaciones, textos que se transforman en leyes, algunas de la cuales han sido de una trascendencia mayúscula.

Ahora bien el diálogo es un camino de doble vía, Las partes involucradas tiene que ser flexibles, tolerantes, constructivas, para alcanzar acuerdos y ello requiere que todos sepan y respeten los roles que desempeñan. Es cierto que hay que dialogar con los representantes votados por el pueblo, pero no es menos cierto que quienes gobiernan también fueron votados por el pueblo y ganaron, de modo que ignorar ese hecho es además de equivocado, peligroso.

Corresponde recordar, sobre todo a quienes lo ignoran o lo soslayan por considerarse superiores o mejores, que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya las derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” (artículo 22 de la Constitución Nacional).

La proliferación- casi peste- de aglomeraciones de personas que interrumpen la circulación, vociferan y enardecen tanto a sus integrantes como a quienes padecen sus consecuencias, es un agravio a la racionalidad y a la convivencia social.

Si eso mismo se hace al amparo de organizaciones sindicales el abuso se transforma  en extorsión.

Esta última reflexión me lleva de la mano a la sugerencia del aludido legislador de que el gobierno está obligado a dialogar con quienes representan sectores empresarios y obreros.

Hasta donde yo sé y deberían saber todos, el nuestro es un sistema democrático y republicano en donde como se ha señalado arriba, quienes tienen representación constitucional son los protagonistas de la gestión gubernamental que, además, deben hacerla dentro del marco legal que los rige.

Lo organizaciones de empresarios y de  obreros, al igual que muchas otras instituciones, como las universidades o las organizaciones religiosas, cumplen roles  sociales, económicos y culturales trascendentes pero no son parte del sistema legal que nos rige.

Y el gobierno cumple con el sistema haciendo lo que la Constitución autoriza y no haciendo lo que  la Constitución prohíbe. Del minucioso análisis de su texto no surge obligación alguna respecto de la alegada obligación instucionalizar con sectores empresarios y obreros.

Pero, además y esto es fundamental, cada vez que se han intentado “diálogos” con los factores de poder, la república, tarde o temprano, ha resultado vulnerada.