Alejandro Borensztein se refiere en su artículo del 5.6.22 al juicio que entabló el fondo buitre Burford contra la Argentina, pero omite lo esencial. Ni el Gobierno ni la oposición toman en serio este juicio, que nos puede costar US$ 5.000 millones o más, y en el cual la Argentina no utiliza el único argumento válido en su defensa. Está claro que Repsol regaló un paquete de 25% de YPF a Sebastián Eskenazi, dueño del Banco de Santa Cruz y testaferro de Néstor Kirchner. Porque compró las acciones con un crédito avalado por Repsol, que pagaría con los dividendos en efectivo de la misma YPF. La jueza Loretta Preska, que tiene el caso en Nueva York, debería preguntar al directorio de Repsol por qué hizo ese regalo. Y a Eskenazi debería preguntarle qué hizo para merecer semejando dádiva. Eskenazi incorporó las acciones al patrimonio de la empresa española Petersen, que luego quebró y fue adquirida por el fondo Burford.
La única explicación lógica es que fue un soborno a Néstor Kirchner, entonces Presidente de la Nación, para que les permitiera vaciar YPF. Repsol había perdido el interés en la empresa argentina, y tampoco podía venderla, porque no había interesados posibles. Entonces recurrió a otra estrategia: repartió la ganancia íntegra en forma de dividendos en efectivo, que cobró Repsol, endeudando a YPF para pagarla. Luego transfirió inversiones de YPF en el exterior a Repsol, y también le transfirió la tecnología del “downstream”, que no tenía. Cuando en 2012 el Gobierno de Cristina Kirchner decidió comprar el 51% del capital de YPF a Repsol, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, dijo que en realidad no había que pagar nada. Pero luego el Estado argentino pagó US$ 5.000 millones al contado y otro tanto en títulos, o sea un total de unos US$ 10.000 millones.
YPF cotiza desde su privatización en la Bolsa de Nueva York, y por lo tanto debe cumplir con las normas de la “Securities and Exchange Comission”, el órgano de supervisión de dicho mercado de títulos valores. La SEC establece en sus estatutos que cuando hay una compra de la mayoría del capital de una empresa cotizada en la Bolsa, el comprador debe ofrecer a todos los accionistas la compra al mismo precio. Eso se llama “tender offer”. O sea que, si a Repsol se le pagó 10.000 millones por el 51%, al Grupo Petersen, dueño del paquete de YPF, había que pagarle algo más de 5.000 millones. Pero si el origen la propiedad del paquete accionario que ahora es de Burford es un soborno, no puede haber un reclamo ante la Justicia. Porque un delito no da derechos. Tan simple como eso.
La defensa argentina está a cargo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, hombre de la máxima confianza de los Kirchner, que nunca utilizaría el argumento mencionado. Pero sí lo puede utilizar la oposición. En los EEUU existe lo que se llama “amicus curiae”, o sea la posibilidad de que un tercero se presente en un juicio del que no es parte, para presentar argumentos o pruebas a favor de una de las partes, en este caso del Estado argentino. Si la Argentina finalmente es condenada a pagar, también la cúpula de Juntos por el Cambio será responsable, si no se presentó en el juicio para defender al país.
por Juan Alemann
Clarín, 6 de junio de 2022
