Por Alfredo Garrido
Las películas producidas entre los años 2008 – 2014, con los préstamos y la supervisión del INCAA, fueron 600 (promedio de 100 por año). Más de la mitad: 309, fueron vistas por menos de 10.000 espectadores en todo el territorio nacional y costaron en conjunto $ 211 millones de pesos. Otras 253 películas llevaron menos de 5000 personas en todo el país y de ellas 83 no alcanzaron los 1000 espectadores. Además no se tienen datos de cuantos espectadores vieron los restantes 282 títulos. Al cine argentino de la etapa kirchnerista, el público no lo quiso ver, resultó un despilfarro al erario público. En la época de oro del cine argentino, desde fines de 1930 hasta mediados de la década de 1940, el cine nacional producía no más de 50 films al año y existían 4 enormes Estudios Cinematográficos estilo Hollywood; era una actividad privada de gran éxito en el país, en Latinoamérica y no recibía ninguna ayuda estatal. El Fondo de Fomento Cinematográfico para préstamos y subvenciones, existe desde hace 60 años; fue creado por la Ley del Cine en el Gobierno de Aramburu en 1957, que fundó al INCA (Instituto Nacional de Cinematografía) hoy INCAA, que se nutre de un impuesto a las entradas de cine, a la venta o alquiler de videos, de los gravámenes que pagan los Canales de TV abierta, multas, donaciones y reembolsos de los créditos que da. La Asociación de Productores y Realizadores Independientes denunció en la Justicia, a la ex Presidente del INCAA y Diputada Nacional del Frente para la Victoria, Liliana Mazure, por el presunto desvío de 1.035 millones de pesos, del Fondo de Fomento al Cine a gastos corrientes del Instituto. La denuncia, presentada en el fuero contencioso administrativo, es casi un libro: tiene 102 páginas y la defensa 40 páginas. Allí la funcionaria reconoce que con esos fondos no se hicieron películas, sino que se usaron para la creación del Canal Estatal INCAA TV, los planes de fomento de contenidos para la TV digital (TDA), Internet, videojuegos y el convenio colectivo de trabajo que “normalizó” la situación de cientos de contratados. Mazure también argumentó que el Decreto de la Ley de medios obliga a invertir el 25% de lo recaudado por la Afsca en producción de contenidos para TV, algo que no estaba previsto en la antigua ley del cine. Según la ley, al menos el 51% del Fondo de Fomento Cinematográfico debe destinarse a la realización de films. En la denuncia se sostiene que en el peor momento sólo el 25% de esos fondos fueron a películas. Un grupo de realizadores cinematográficos, denunció al INCAA por el presunto desvío de 1.035 millones de pesos, que debieron dar créditos a la producción. Según la denuncia, en 2002 los gastos de funcionamiento del INCAA ascendían a $ 7 millones y ese año llegaron a $ 400 millones, es decir, 58 veces más, y los subsidios a la producción en 2002 eran de $ 14 millones y llegaron a $ 155 millones, 11 veces más. Que no se apliquen al cine sus propios fondos no ocurrió nunca antes, dijo en aquel entonces, la Asociación de Productores. El análisis sobre lo que las películas reciben como subsidio y el público que convocan a las salas, no se conoce y debe estudiarse a fondo. Hay películas que se estrenan y son vistas por menos de 1000 espectadores, en todas sus exhibiciones en el país. La distribución de lo recaudado por el INCAA para su funcionamiento, ha sido durante el gobierno anterior un tema tabú, evitando hablar de ello y justificándolo por tratarse de una política cultural, pasando por alto denuncias administrativas y judiciales. La corrupción en el cine: ¿Quién la paga? El INCAA fue una gran familia con sus vínculos amistosos y los subsidios llamados “tercero J”, una especie de Decreto de Necesidad y Urgencia, a sola firma. Liliana Mazure, Presidente del INCAA hasta que asumió como Diputada Nacional, fue pareja de Jorge Devoto productor del film documental “Néstor Kirchner, la película”; con una inversión de 10 millones de pesos y una de sus 3 versiones fue dirigida por Paula de Luque, la ex mujer de Jorge Coscia, realizador y productor de cine, que fue Presidente del INCAA antes de Mazure y posteriormente ascendido a Ministro de Cultura de la Nación. El INCAA llegó a tener 767 empleados: 353 de planta permanente y 414 de planta temporaria. En España, el ente similar tiene 200 empleados. Liliana Mazure llegó al INCAA en 2008, tras una denuncia contra su predecesor, Jorge Álvarez. Para entonces, ya había crecido el escándalo de los “tercero J”, que venía desde las gestiones de Jorge Coscia: 2003-2005 y el propio Álvarez. Bajo un ítem poco preciso de la ley del cine (que da nombre al beneficio) se repartieron millones de pesos, en subsidios directos cuyo destino aún investiga el juez Claudio Bonadío. Algunos de los productores beneficiados nunca presentaron las películas subsidiadas. Entre 2003 y 2008, el INCAA repartió en 189 subsidios 49 millones de pesos, en concepto de “tercero J”. La mayoría de esas películas no existen”, afirma el abogado Julio Raffo, especializado en derecho del cine. Cuando la eligieron a Liliana Mazure Diputada Nacional, fue sucedida al frente del INCAA por Lucrecia Cardoso, que hasta su ingreso en el INCAA no tenía formación audiovisual y se desempeñó inicialmente, como Vicepresidente de Mazure. Ambas habían trabajado juntas en la Cancillería, donde Liliana Mazure, fue convocada por el ex canciller Rafael Bielsa. Tras el arribo de Mazure y Cardoso al INCAA, comenzó a tener mucho poder en el mismo, la organización política: “Estrella Federal”, una suerte de versión audiovisual de La Cámpora. Otra denuncia, fue por el uso de 1.500.000 Euros, aportados por la Unión Europea para que la Reunión de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur, realizara “estudios de los aspectos técnicos, jurídicos y comerciales necesarios para el diseño de una entidad regional”. Según la denuncia de un investigador del cine, esos estudios se habrían encargado a empleados del INCAA (estaban inhibidos de participar) y sin los antecedentes requeridos. Actualmente el INCAA se reactiva para producir películas. El nuevo plan fue acordado por representantes de todas los áreas de la producción cinematográfica local y tiene como principales objetivos que las películas logren llegar al público, la generación de más puestos de trabajo calificado y la federalización de la producción y la exhibición. La medida llega después de un año de cine argentino: en que hubo 190 estrenos en 2016, con una participación de cerca del 14% del público total (casi siete millones de entradas vendidas), y cada una de las diez películas argentinas más vistas superó los 200.000 tickets. Benjamín Ávila, director de Gilda, no me arrepiento de este amor, uno de los éxitos de la temporada, con sus 920.000 espectadores, e integrante del Proyecto Cine Independiente (PCI): Ahora hay que empezar a pensar en cómo se incentiva la convocatoria de público. Construir un público. Es uno de los objetivos más importantes para los directores en lo inmediato. La digitalización empeoró el problema de la concentración, ya que el costo de las copias es ostensiblemente más bajo que cuando se realizaban en el fílmico. Los programadores y exhibidores franceses dicen que un espectador de cine no se construye fácil. Es una tarea que forma parte de un proyecto cultural nacional. Se valora especialmente el impulso, que la gestión del nuevo Director Alejandro Cacetta con el actual Gobierno, le dio al funcionamiento de un nuevo Consejo Asesor, órgano de cogobierno del INCAA integrado por representantes de todos los sectores de la actividad. “Es un consejo federal y por primera vez se nota que hay voluntad fuerte de que eso crezca y se desarrolle”.
Es urgente profundizar la discusión sobre las estrategias que estimulen el acercamiento del público al cine argentino, en un contexto donde el 85% de las entradas vendidas en 2016 fue para ver películas de Hollywood. Hay un altísimo porcentaje de chicos jóvenes que no ven cine nacional. El nuevo plan incluye cifras que se adecuan un poco más a la realidad de lo que cuesta hoy hacer una producción audiovisual en la Argentina. Seguirá siendo imposible generar películas a gran escala, salvo que esté la TV involucrada. Lo más importante es el contenido. El problema como siempre es el tema de la exhibición. La cuota de pantalla está vigente y no se cumple. Los exhibidores deben respetar la ley de cine.
Alfredo Garrido es periodista especializado en espectáculos y crítico de cine. Condujo programas de televisión y actualmente lo hace en radio. Fue director de Canal 9 de Buenos Aires.
