Días pasados, entorpecieran el tránsito y ocuparon plazas en la ciudad de Buenos Aires, repetidas marchas supuestamente orientadas a exigir una política antiinflacionaria, contra los “formadores de precios”, lo que merece la siguientes páginas de aclaraciones y rectificaciones.
Para ubicar el argumento no hay más remedio que comenzar por el repaso de algunos de los más elementales conocimientos económicos sobre el concepto de “precio”. Denominamos así al costo en moneda del pago en un mercado por un bien o un servicio. Cuando política y economía se encuentran ordenadas suelen ser estables en su conjunto aunque haya variaciones sectoriales por razones de abundancia o escasez estacional, dificultades o beneficios en el transporte etc., lo que redunda en una mayor o menor oferta en el mercado de que se trate, en relación con su contracara de mayor o menor demanda de los consumidores. En circunstancias normales, en pocas palabras, los precios suben y bajan según la abundancia o escasez de oferta ,en relación con los ingresos disponibles del público demandante.
En nuestro país hace muchos años, que existe un gran desorden en la política económica, que redunda en largos períodos de alta inflación. Para ubicar las cosas en una relativa condición de comparación, en términos académicos se considera inflación “normal”, vinculada con fricciones propias de una etapa de crecimiento de la economía, cuando el conjunto de los precios sube hasta un 2% anual. Hasta el 6/7% anual puede considerarse una situación de inflación admisible en determinadas condiciones, y de ahí en más pasa a ser “alta”y riesgosa para el conjunto del sistema. De modo análogo a la “fiebre” que marca la existencia de alguna enfermedad, este nivel de inflación denota que algo anda mal en la organización de la economía como sistema.
En nuestro caso llevamos décadas de alta inflación, con permanente tendencia a la suba, siendo previsible que el conjunto de los precios, supere el 85% en este año, acercándose a lo que se califica como “hiper inflación”. En la peor fase de esta etapa, es cuando esta alza permanente pasa coincidir con recesión económica, o sea disminución de la demanda y de la producción, lo que se denomina con el anglicismo “stanflation” o sea estancamiento más inflación.
Tal suba generalizada de todos los precios puede desatarse por distintas fuentes generalmente coadyuvantes entre sí. Existe inflación “de demanda”, cuando crece el dinero en poder del público más que el incremento de la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado, y en consecuencia está dispuesto a pagar más para conseguir lo mismo, compitiendo contra los demás compradores del mismo mercado.
La inflación “de costos” es la que se origina por vía del aumento en los precios de la producción de bienes y servicios, ya sea por mayor precio del capital medido generalmente por la suba en la tasa de interés que retribuye el capital disponible en el sistema financiero, o por aumento de precio de los insumos, ya sea por ejemplo , por escasez causada por sequía o inundaciones en los alimentos, disturbios o guerra, o por aumento generalizado de salarios en el sector.
Cabe aquí hacer un paréntesis aclaratorio, para introducir el concepto de retribución de los factores de producción que intervienen en la creación de los bienes y servicios, que son clásicamente divididos en tres: capital, trabajo, y organización empresarial y la retribución asignada al rol de cada sector, que ha sido clasificada en paralelo, el interés del capital, el salario como retribución del trabajo humano, y el beneficio en el caso de la organización empresarial de ambos factores, capital y trabajo. Un cuarto factor, se distingue académicamente, y consiste en la tierra que se retribuye por la denominada renta equivalente al alquiler, pero hoy en día cabe asimilarla técnicamente al sector de bienes de capital. A partir estos conceptos básicos, el ser “formador de precio”, es un concepto genérico que en realidad se refiere a cualquier sector que intervenga de modo decisivo en un precio ya sea por lado de la oferta, de la demanda, o del beneficio.
En las manifestaciones que vemos estos días, se pretendía enfocar este último aspecto, suponiendo que el exagerado beneficio del sector empresario, ya sea fabril, comerciante o agrícola-ganadero, que por comportamiento monopólico u oligopólico, podría fijar precios arbitrariamente en desmedro de los consumidores.
Sin embargo, el repaso de los elementales conocimientos arriba indicados en relación con lo que hemos calificado el desorden de nuestra organización político económica, nos permite advertir que todos podemos ser “formadores de precios” de algún modo u otro en los distintos roles que nos tocan. Es que en la actualidad, a lo largo de nuestras vidas, todos podemos ser productores de bienes y servicios y consumidores de los mismos en una u otra de las etapas del sistema de producción. Es decir que en cierto modo todos los habitantes somos de desde algún punto de vista participantes en la formación de los precios, ya sea como proveedores o como demandantes.
Establecida esta base conceptual, para seguir con el argumento, no cabe duda que la observación sin prejuicios de las conductas de los agentes económicos, nos lleva prontamente a tropezar con la presencia notoria del “sector público”, como el más grande y concentrado agente económico, de lejos el más poderoso de todos, que a la vez fija unilateralmente el precio de sus servicios de modo monopólico y con soporte legal y judicial. El Estado en sus diversas manifestaciones (nacional, provincial, municipal,) o a través de las 40 grandes empresas públicas que proveen los principales servicios disponibles a la población.
En consecuencia una marcha contra “formadores de precios” debería estar claramente dirigida a requerir de la clase política que gobierna estas oficinas públicas, cese de aumentar su costo, que repercute sobre los precios, de un modo abarcativo, integral, y permanente.
Y esto por dos caminos. Por un lado porque toma prestado enormes sumas del sector financiero- los Bancos-para financiar su déficit presupuestario por diferencia negativa entre lo que ingresa por impuestos y ganancias, y lo que gasta en inversiones ,sueldos, gastos de su funcionamiento, transferencias por, jubilaciones y pensiones, subsidios y planes para desempleados, y obras públicas etc. fijando una tasa de interés altísima que está acercándose al 90 % anual, en con lo cual compite con el capital privado por el crédito, lo que hace que en la primera etapa el primer elemento en el que intervienen en la producción de bienes y servicios, el capital, actúa como competidor unilateral muy poderoso. En este aspecto, está colocando una vara muy alta a la tasa de retorno del capital que se invierte en el sector privado, que para producir y crecer a través de nuevas inversiones, debe hipotéticamente aspirar a un ingreso superior a esa tasa de interés para compensar inmovilizarlo en esa inversión o esa producción.
Ya con esto se produce un “sobrecosto” en los precios generales del sistema, que repercute inevitablemente en la formación de precios del lado de la producción.
Correlativamente, el segundo camino, el mas visible, consiste en la necesidad de emitir dinero para financiar ese déficit.La impresión de nuevos dineros-cada billete es técnicamente un “vale” que registra un “derecho” económico contra los bienes y servicios que se producen en el mercado- genera en el corto plazo mucho más dinero que el hipotéticamente imprescindible para adquirir la producción de bienes y servicios en ese mismo período, origina una masa de falsa riqueza monetaria. Que se vuelca al público como sueldos, salarios, jubilaciones, y subsidios, y por pagos de deuda publica con el sistema financiero, excitando la demanda , provocando la suma de los precios, por el desfase temporal que ocurre entre el inmediato aumento del poder de gasto, y el mucho mas lento crecimiento de la necesaria correlación con el aumento de la producción de bienes y servicios.
La expectativa de que los precios suban, y la falta de un plan convincente sobre que bajaran, quebranta una de las funciones del dinero, que es el de “reserva de valor” para gastos futuros, licúa el ahorro que permite la formación de capital para financiar nuevas inversiones. Asi, acelera el gasto y “baja” la demanda de conservar dinero(ahorro), debilitando la estructura que requiere constantemente que estas inversiones ocurran, tanto para suplir el desgaste del capital existente, como para incrementar la oferta necesaria para abastecer el crecimiento de las necesidades por aumento vegetativo de la población y también su aumento cualitativo por la generalizada y legítima aspiración al mejoramiento del nivel de vida.
Esta situación se agrava, pues una vez desatada el alza generalizada de precios, repercute en las finanzas públicas, generando una carrera entre el corto plazo del gasto y el largo plazo del recupero impositivo, que determina un escalón cada vez más alto de demanda insatisfecha y de voluntad del público de gastar y desprenderse del dinero, ante la certeza de que los precios serán siempre más altos en el futuro que en la actualidad.
Si nuestros manifestantes estuvieran advertidos de estas verdades, no seguirían los ciegos liderazgos que tratan de desviar la atención respecto de este gigante gastador que es sistema político del gobierno, asentado en el cortoplacismo y la falta de previsión sobre las consecuencias futuras de sus actos presentes.
En el título, marca que habría de referirme también a los de-formadores de precios. Es decir aquellas posiciones de monopolio o preponderancia que llevan a fijar precios muy por encima del costo de producción y la ganancia esperada razonable. Nuevamente en esta posición aparecen en primer término los gobiernos que, suben los precios de los bienes y servicios que “producen” para la gente, por vías y modos desmesurados, respecto de la capacidad montada de producción y ahorro. En estos días, se está decidiendo tanto de la suba de impuestos como de tarifas y paso a tomar un solo ejemplo de esta situación, fácilmente verificable. La factura del servicio eléctrico en cargo fijo y variable de una oficina que tengo a la vista es de $908,04 que corresponde a los 97 kW consumidos, pero esta suma llega a $1366.91 con las cargas de impuestos. (Valor agregado, resolución general 126/6, contribución municipal) es decir que la retribución al productor y distribuidor es de un tercio del gasto que paga el consumidor se encarece en más 50% por el pago a la organización política nacional y municipal. Éste es un claro ejemplo de deformación monopólica de un precio.
Mirando el conjunto es fácil ver que el principal precio “no cuidado” es el de la organización política y los gobiernos. Provincias con menos población que un municipio del AMBA lucen estructuras bicamerales y de gobierno desproporcionadas respecto de su capacidad económica, recabando “insolidariamente” el permanente auxilio financiero de otras provincias con mayor productividad. Algunas incluso hacen alarde de presupuestos “equlibrados”, cuando hasta el setenta u ochenta por ciento de sus ingresos provienen de la coparticipación del resto del país.
También forma parte de los “precios no cuidados” de ciertas industrias que cuentan con protección política como es el caso de la asentadas en el paraíso empaquetador de Tierra del Fuego. O el caso de los medicamentos donde el Estado paga ciegamente los precios que le imponen sus amigos de los laboratorios y el público debe pagarlo a pesar suyo ,no tan ciegamente. Es notorio que los medicamentos han subido aun en forma superior a la inflación y eso a pesar de contar para sus insumos extranjeros, con la protección de un tipo de cambio particularmente bajo respecto del que debe transar la mayoría de la población que utiliza moneda extranjera.
En defintiva, es un precio “no cuidado” en la inflación de costos, el de los servicios que presta la política a través de los gobiernos. Es decir si el Estado en vez de cobrar un 21% de IVA en los consumos cobrara el 16% como en Mexico, China, o Israel, se estaría facilitando la baja de todos los precios. Si en vez de financiar su enorme déficit, pagando una tasa estimable en el 80% anual o posiblmente más, se concentrara en tener menos déficit, no sólo sería un “formador” menos oneroso por si mismo, sino además indirectamente abaratando el crédito para los privados, y los costos de producción, inventario y competitividad integral del sistema económico incidiendo así en la baja de precios. Si la superestructura pública, incluídas sus más de cien empresas, fuera más eficiente y eficaz en la prestación de bienes y servicios esto es entre la relación entre el costo de su actuación, y la calidad y accesibilidad y eficacia, disminuyendo en consecuencia los tiempos de transacción e inmovilización de capital, a la vez seguramente bajaría su costo relativo, y facilitaría la baja de precios. Lo mismo ocurre con los impuestos que afectan los consumos, como electricidad, gas, combustibles, venta de bienes terminados, produciría una importante disminución de ese costos, repercutiendo sobre los finales de los bienes y servicios. Otro gran formador de precios es sin duda el elemento salario, pero el salario además de la retribución del trabajo humano, que es relativamente bajo-la gente gana poco en cuanto a cubrir sus necesidades-nos encontramos con que una parte importante es absorbido por las organizaciones sindicales. Estas, que publicitan ser negociadoras exitosas cuantos más aumentos nominales consiguen para sus representados, disimulan sus carácter de espacios cerrados a todo control sobre el sostén de una nueva clase oligárquica de neo empresario enriquecidos por una renta emergente de su control político monopólico del respectivo sector.
Nos queda un sector de posibles formadores de precios, que son los empresarios rurales, industriales, comerciales, del entretenimiento, la educación, el transporte, las Pymes, los monotributistas y profesionales, etc. que resulta el sector más débil puesto que está en contacto final con la demanda, afectadas por los bajos ingresos de la población, deteriorados mes a mes por alta inflación, por lo que ve en la necesidad de achicar sus ganancias. Salvo que negocien a su vez con la política, como han sabido hacer empresarios de la construcción de obras públicas, o los de los medicamentos.
La conclusión de esto es que los manifestantes yerran o ignoran o tienen mala fe. Y que el principal objeto de su atención crítica debiera ser el gran formador de precios que es el Estado en sus distintas expresiones, y en segundo lugar son ellos mismos, en cuanto organizaciones burocráticas, que no prestan ningún servicio al conjunto de la población, y configuran con su actividad un estorbo al aumento de la producción y la productividad, costo constantemente en suba, parte sustancial de la presion al alza todos los demás precios.
por Roberto Antonio Punte