Por Horacio Jaunarena (ex ministro de defensa)

El Presidente de la Nación ha ordenado al sistema de defensa y seguridad que se consideren los riesgos y las amenazas a la soberanía, la vida y la libertad que afectan a nuestros habitantes, según las características específicas que esos riesgos y amenazas revisten en la actualidad.

La decisión presidencial, concretada en un decreto, representa una modernización y un cambio importante frente al criterio vigente durante el gobierno anterior, que había limitado el empleo del instrumento militar a la hipótesis de una agresión armada por las Fuerzas Armadas de otra nación. Un criterio congelado en los tiempos de la Guerra Fría y en las formas violentas que tuvo la región hace ya casi medio siglo. El decreto del gobierno anterior, llamado de reglamentación de la ley de defensa, modificaba los postulados de la ley sancionada en l988 por la casi unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. La decisión presidencial devuelve plena vigencia a los postulados de aquella norma.

El análisis del gobierno de los Kirchner sobre el tema fue limitado y viejo en lo conceptual, y en la práctica destructor, porque fueron años que marcaron un deterioro de todo tipo de las capacidades militares y en donde se concretaron cantidad de arbitrariedades en la política de personal, y pérdida de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dando cabida a infinidad de juicios que el Estado va a perder y que naturalmente deberán pagar la presente y las futuras administraciones.

Mientras el gobierno de la Concertación en Chile, con una presidenta socialista, y el PT en Brasil, con Lula y Dilma Rousseff, pusieron en marcha programas estratégicos de gran importancia para la modernización de sus Fuerzas Armadas, la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, Garré y Milani -hoy preso y acusado de cometer delitos de lesa humanidad- intentó transformar el Ejército en una facción partidaria, al servicio del proyecto “nacional y popular” que supuestamente instrumentaba el gobierno.

Una vocinglera y oportunista oposición denuncia, a partir de la decisión presidencial, una especie de futura hecatombe represiva, solo existente en una afiebrada imaginación, y pretende que el decreto suscripto por el presidente Macri, que derogó parcialmente el anterior de Kirchner, deba ser tratado por el Congreso. No tuvieron semejante sensibilidad y predicción catastrófica cuando la expresidenta, Garré y Milani desarrollaron el operativo Escudo Norte, mandaron mentirosamente al Ejército a trabajar en algunas villas de emergencia, encargaron al general Milani que hiciera trabajos de inteligencia interior para Scioli y se abrazara con Hebe de Bonafini.

Mientras tanto, en campaña presidencial Scioli prometía involucrar a 20.000 hombres del Ejército en tareas de seguridad interna y Massa, otro candidato, prometía involucrar directamente a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad de las villas de emergencia.

Para completar el cuadro de tanta hipocresía, recuerdo lo mucho que tuve que argumentar cuando era ministro de Defensa de Eduardo Duhalde, para que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, dejara de reclamar públicamente que presos comunes fueran encerrados en unidades militares bajo control del Ejército.

En homenaje a la seguridad y defensa que necesitan los argentinos, debiéramos ser más serios, dejar de lado las especulaciones políticas de corto plazo y sumarnos -Gobierno y oposición- a la tarea modernizadora de nuestro sistema, entendiendo que, lo que se ha dado es solo el primer paso de un largo proceso que se desarrollará a lo largo de los años y que necesita del esfuerzo mayoritario para concretarlo.

Entre los temas a los que debiera darse prioridad y a los que se refiere el decreto suscripto por el Presidente, está el de recuperar el control soberano de nuestro territorio y el primer paso para lograrlo es el control de nuestras fronteras. Para tener una idea de la magnitud del problema, debemos considerar que tenemos 10.000 kilómetros de frontera terrestre y fluvial y 5000 kilómetros de frontera marítima. En la frontera se ejerce “control y vigilancia”. El control se concreta en 150 pasos internacionales habilitados, de los cuales 30, por su tamaño, son considerados centros de frontera y dependen del Ministerio del Interior, y el resto, del Ministerio de Seguridad.

La vigilancia se ejerce fuera de los pasos habilitados, o sea, prácticamente por toda la frontera. En esta frontera terrestre y fluvial existen, a su vez, 820 pasos clandestinos por donde se produce diariamente el ingreso ilegal de personas y mercadería. La vigilancia en el aeroespacio se le asigna a la Fuerza Aérea y en el Mar Argentino, la tarea principal se le adjudica a la Armada.

Hoy, las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera apenas alcanzan para hacer el control, o sea, exclusivamente en los pasos internacionales habilitados , por lo cual la vigilancia es casi inexistente en el resto.

Entendemos que la presencia de las FF.AA. en apoyo de las de seguridad en las zonas de vigilancia mejorará sustancialmente la situación. Para hacer efectivo este propósito y en beneficio de una más eficiente tarea, deben ponerse en claro dos cuestiones: la primera de ellas es definir con claridad el alcance del concepto “apoyo logístico”, y la segunda, es definir quién manda en situaciones operacionales.

En la mayoría de los países del mundo el tema de las fronteras, por las implicancias que tiene, se resuelve con legislaciones especiales adecuadas. Debiéramos abordar prioritariamente por este medio los problemas que aquí se han planteado.

Proveer adecuadamente a la seguridad y defensa de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del Estado y, por eso, responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Es necesario que en él se encuentren los consensos, sin demagogias oportunistas, que les den sustento, consistencia y durabilidad a las políticas de reconstrucción de nuestro sistema de seguridad y defensa, que, por definición, excederán los mandatos de varias administraciones. Sin ingenuidad, sabemos que estos consensos no son fáciles, pero son necesarios.

El Poder Ejecutivo, continuando con el impulso inicial, podría dar un paso importante reglamentando, adecuadamente a los tiempos que nos toca vivir, la ley de reestructuración de las FF.AA. vigente pero incumplida.

Puede ser que así se le dé continuidad a este mecanismo iniciador en que se ha convertido el decreto presidencial sobre la labor que luego le corresponde al Congreso en la misión de reformular nuestros sistemas de defensa y seguridad.Así se empezaría a cumplir con el deber mayor que debe perseguir la alta política: hacer posible lo que es necesario.

Fuente: lanacion.com