“El mal que existe en el mundo proviene, casi siempre, de la ignorancia; y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad”. Albert Camus en “La Peste”

Si hubiera escrito esta exposición con la vista puesta en las elecciones primarias del domingo pasado, no habría cambiado una coma por el resultado que hoy conocemos, pues abordaré un tema más amplio y estructural, sobre el que he escrito y expuesto en varias ocasiones y es sabido por quienes conocen derecho constitucional y ciencia política.

Se trata de lo que en inglés se conoce como “agreement on fundamentals”, que se puede traducir en acuerdos básicos sobre la convivencia de los ciudadanos.

El grupo humano de una nación o simple comunidad, decide –explícita o implícitamente- acordar ciertas reglas cuyo objetivo primordial es mantenerse unidos y respetar el orden establecido.

Estas reglas son, según se trate de comunidades primitivas o evolucionadas, de características elementales o sofisticadas,

Así en la antigüedad los acuerdos fueron sobre el predominio del jefe de la tribu o clan dominante. Con la evolución del hombre, en términos políticos y económicos, en la actualidad, los estados nacionales, rigen sus conductas por normas jurídicas que deben ser cumplidas por todos: gobernantes y gobernados; normas que, en algunos casos, se aplican a más de un estado o grupo de estados y que pueden ser aplicadas por tribunales internacionales.

Pero para que eso sea una realidad que trascienda y beneficie al conjunto social, el “agreement on fundamentals” tiene que superar el umbral del acuerdo formal. Es que el respeto a lo que inglés se denomina “rule of law”, siendo imprescindible, no es suficiente. Tiene que haber una armonía que amalgame a la ciudadanía en un proyecto col respeto a la disidencia.

Y es sobre esta armonía que los argentinos tenemos que trabajar y poner todos nuestros esfuerzos, especialmente en las vísperas de una elección decisiva para nuestro futuro, como será la que se sustanciará pronto, en la que se elegirá no solo un nuevo gobierno sino el destino de nuestra nación.

Entremos, pues, en tema.

El desagradable, a veces soez, lenguaje que se utilizó en la contienda electoral que se llevó a cabo hasta la semana pasada y que se repetirá los próximos meses, pone en evidencia circunstancias que merecen ser analizadas con un poco de atención.

Hay un factor, a mi juicio, importantísimo, a considerar. La falta de elaboración y discusión sensata de proyectos y su difusión. Eso hace que las conductas de individuos aislados y sin contención, generen acciones o reacciones violentas o que se formen grupos con iguales conductas.

La difusión de declaraciones rimbombantes y sin fundamento  y la ausencia de explicaciones sensatas, no admite el justificativo de que están destinadas al gran público. Además se omitieron, hasta ahora, cuestiones cruciales para el futuro, no solo de la Argentina, sino de América Latina. No se ha dicho ni una palabra sobre la situación en Venezuela. La condena al régimen ha estado fuera del debate, lo que es una canallada imperdonable. A ello debe sumarse esa omisión en situaciones similares en Nicaragua y Cuba, sobre las que todos callan.

La casi desaparición de los partidos políticos, capaces de hacer propuestas de gobierno (que de eso se trata) consensuadas entre sus miembros, a través del estudio y la discusión razonada, es uno de los fenómenos más notables y negativos de estos tiempos.

En el pasado ese accionar partidista sirvió para ilustrar y aglutinar voluntades en ideas y propuestas y no en simples emociones.

Esas emociones se traducen en gritos, agresiones y violencia, impropias de la convivencia civilizada. Una vergüenza y un pésimo ejemplo para la ciudadanía, sobre todo para las jóvenes generaciones.

El desconocimiento de propuestas fundadas en certezas comprobables y no en grandilocuentes declaraciones sin fundamentos agrava la crispación en el debate.

Y esto vale tanto para las dos fuerzas principales y mayoritarias que se disputan el gobierno, cuanto para las minorías, que en lugar de proponer ideas factibles gastan su tiempo y energías en ataques inútiles e inservibles.

Siento la obligación de destacar una excepción a esta situación. La Unión Cívica Radical, sigue siendo un partido organizado como tal, con órganos de dirección y consulta, que elabora y difunde propuestas y cuyos afiliados y partidarios siguen siendo fieles a las conductas acordadas.

Párrafo aparte merecen los llamados movimientos sociales; grupos de personas, con diversos propósitos y objetivos que, organizadamente, se manifiestan públicamente entorpeciendo la vida ciudadana, con marchas, cortes de calles, ocupación de espacios comunes, lo que a veces, deriva en violencia, con perjuicios sobre bienes públicos y privados.

La absoluta descalificación del oponente, al que se trata como si fuera un infradotado y el pomposo relato de la gestión de los contendientes es otra circunstancia que deja a la ciudadanía en las tinieblas.

Citando, otra vez a Camus “dando demasiada importancia a las bellas acciones se tributa un homenaje indirecto y poderoso al mal, pues se da a entender que las bellas acciones son escasas y que la maldad y la indiferencia son motores mucho más frecuentes en los actos de los hombres” (La Peste)

A ello se suma el fenómeno de las comunicaciones masivas  a través de las llamadas “redes sociales” que ametrallan a los usuarios con mensajes elementales y que apelan solo a lo visual y con escaso o nulo contenido inteligente. Ello sin considerar las noticias falsas o los relatos sesgados que difunden y quedan.

Es cierto, sin embargo, que este fenómeno de los nuevos medios de comunicación y difusión de ideas, propuestas e imágenes que, superando a la radio, la televisión y a la presencia física, operan de un modo instantáneo o inmediato sobre el público, merece una especial atención. La gran mayoría de nosotros recibe, constantemente, en sus teléfonos celulares, propaganda o noticias políticas con ese fin. La jóvenes generaciones son especialmente adictas a esa nueva forma de comunicarse.

Otra cuestión a la que pocos analistas prestan adecuada y suficiente atención, es el cambio de paradigma que significó la nueva etapa política, institucional y de relacionamiento ciudadano, que generó la instalación del gobierno el 10 de diciembre de 2015.

A diferencia del gobierno anterior (de 2003 a 2015) y de muchos otros gobiernos  precedentes, el instalado en esa fecha, se ha caracterizado por los siguientes factores predominantes, entre otros y esto no puede negarse salvo por necedad:

No monopoliza el discurso político.

Este es un fenómeno notable en un país como el nuestro en el que durante mucho tiempo pareció existir solo la voz, la imagen y el mensaje del partido gobernante o de quien gobernara aún sin partido.

No agrede a sus contendientes y procura, con ellos acuerdos de gobernabilidad.

Esto fue destacado en la primera época del gobierno cuando se alcanzaron trascendentes medidas con el apoyo de diputados y senadores de la oposición en varias cuestiones (liberación del mercado de cambios, acuerdo con acreedores externos, entre otros)

Dialoga (o intenta hacerlo) con sectores políticos, empresarios, sindicales, estudiantiles, etc.

Y lo hace a pesar de la conducta, muchas veces disolvente y agresiva de muchos de ellos (por ejemplo, algunos de los numerosos grupos sociales, sindicales y políticos que se empeñan en perturbar la vida cotidiana)

Intenta un balance entre la ortodoxia económica y los condicionamientos políticos y sociales.

Es un capítulo sobre el que me detendré porque me parece que abordarlo solo desde el punto de vista de los economistas (que no lo soy) es insuficiente y hacerlo sólo desde el ángulo de la  política agonal puede conducir a desaciertos.

Algunos contendientes en el plano electoral (Lavagna, Espert) se centran solo en la falta de resultados en plano de lo económico, pero omiten referir que desde 2016 se multiplicó la exportación de carne, se amplió la de gas, se logró un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea lo que es algo formidable y capital para nuestro futuro, que ha sido atacado, sin ningún fundamento, salvo la charlatanería habitual de políticos y comentaristas sin escrúpulos. Además se construyeron importantes obras públicas (caminos, puentes, e hidráulicas, entre otras), por citar solo algunos de los logros del gobierno en áreas cruciales para el desarrollo. Todo ello con inversión impulsada por el Estado sin latrocinios como los que conocemos tanto.

Y nada de ello es producto del azar; ha habido estudios, propuestas y cursos de acción para que ello sucediera. Sin embargo nada reconocen los opositores y nada proponen de manera concreta y viable.

Peor es el caso de los justicialistas, por llamar de alguna manera al conglomerado que sostiene la fórmula Fernández y Fernández. Critican todo lo hecho por el gobierno y nada proponen seria y fundadamente. En las pasadas semanas propusieron varios disparates. Es de esperar que mejoren cuando se aproximen las verdaderas elecciones.

De su parte el gobierno tampoco se esfuerza en explicar sus planes y difundir sus condicionamientos, lo que impide el análisis de los resultados y las propuestas. Aunque debe señalarse que intenta una comunicación directa y cercana con el público.

Garantiza el orden establecido.

Algo de importancia capital es que el gobierno nacional respeta el sistema institucional, como pocas veces se ha visto en nuestro país y por ello garantiza de un modo inédito la libertad de expresión.

Sin embargo el debate, el enfrentamiento, es de una virulencia inusitada, como si se estuviera decidiendo nuestro destino como nación, organizada constitucionalmente como una república democrática que garantiza los derechos individuales.

¿Será tal vez que es eso lo que está en juego?

Debe señalarse que las críticas al gobierno de la mano de las oposiciones se centran en la alta inflación y la consiguiente pérdida de la capacidad de compra de los consumidores, además de aquellas vinculadas con el endeudamiento y el excesivo gasto público.

Es cierto que esas son promesas incumplidas con razones y causas de muy difícil enmienda inmediata, pero al estado de la situación recibido en diciembre de 2015, era prácticamente imposible, desde el ángulo político y social la imposición de un shock sobre ello.

Nada se dice, en cambio, en el plano de la campaña electoral, sobre un tema de capital trascendencia, cual es el tratamiento de la llamada cuestión de los derechos humanos, relativa a lo sucedido durante el enfrentamiento armado entre guerrilleros y fuerzas armadas y de seguridad, que no se ha abordado hasta ahora y tampoco la cuestión de las causas judiciales en trámite por los notorios casos de corrupción. Y eso, a mi juicio, es curioso y llamativo, pues de trata de dos aspectos trascedentes si aspiramos a un país en paz y respetuoso del Estado de Derecho. Si queremos un futuro mejor que el pasado debemos ser respetuosos de las leyes y de su aplicación por los jueces y no tolerar presiones ni amenazas sobre ellos.

Debo señalar, en este punto, que la tergiversación interesada de nuestra historia, especialmente la que comprende la guerra revolucionaria encabezada por la izquierda terrorista y el consiguiente accionar de las fuerzas armadas para combatirla, es un capítulo muy difícil de encarar y resolver pero necesario para alcanzar la paz.

La omisión en el debate político del latrocinio generalizado durante el gobierno reemplazado el 10 de diciembre de 2015 es tan imperdonable como peligroso, pues el público olvida lo que le molesta y sin duda perturba saber que se toleró semejante ignominia.

Quien ejerza el gobierno a partir del 10 de diciembre tendrá que enfrentar estas dos cuestiones con apego a la verdad y con el propósito de enfrentar el futuro con optimismo y sin cargas del pasado,

Conviene recordar que, con todos los inconvenientes que tiene nuestra nación, hay algunas áreas de significativa trascendencia, que nos colocan en una situación de privilegio frente a otras.

No tenemos enfrentamientos raciales ni religiosos. Las relaciones con nuestros vecinos son armoniosas y pacíficas. Nuestro sistema de enseñanza pública sigue siendo gratuito y mantiene prestigio, al igual que la atención hospitalaria. Recibimos a muchos inmigrantes quienes encuentran paz y trabajo. Este es un capital que no solo es nuestro sino de la región y debemos hacer todo lo necesario para mantenerlo.

Pero tenemos, según se dice,  un sistema judicial desprestigiado, al igual que el legislativo. Y eso, a mi juicio, es mucho más trascendente que la inflación y el tipo de cambio. Estos dos grandes problemas se pueden resolver con medidas dolorosas e impopulares, pero el descrédito de los jueces y de los legisladores necesita más tiempo para sanar y un adecuado enfoque de la realidad.

Pero vayamos por partes y analicemos con más profundidad estas cuestiones.

Lo primero que debe decirse del poder judicial es que son varios poderes ya que existe el federal y los provinciales. Y dentro de ellos hay diversas competencias. De los varios centenares, tal vez miles, de jueces, solo algunos, en los últimos tiempos, han sido objeto de cuestionamientos que han trascendido y generado rumores, quejas políticas y ciudadanas.

Entonces es saludable y conveniente no extender la maledicencia a todos los integrantes de los poderes judiciales, ya que hacerlo, además de una injusticia, contribuye al desprestigio de uno de los pilares fundamentales de la república.

La verdad es que los jueces argentinos, en general, son honestos y cumplen con la noble función de “dar a cada uno lo suyo”, una de las tres máximas de Ulpiano, jurista romano que escribió en siglo III.

Lamentablemente algunos no cumplen con los deberes de probidad y honestidad que les son exigidos pero, al igual que en otros órdenes de la vida en sociedad, son cuestionados y eventualmente separados de sus cargos, para lo que no son necesarias ni prudentes, las manifestaciones populares. Basta con que actúen los mecanismos legales.

Existe, con la exagerada contribución de los medios de difusión, al igual que en el caso de los jueces, un notorio, injusto y peligroso, cuestionamiento a los legisladores.

Es verdad que muchos de ellos no reúnen las condiciones ideales parar representar a la ciudadanía, pero me parece que la cuestión debe ser analizada con prudencia y equidad.

La casi ausencia de partidos políticos y nuestro sistema electoral son factores que deben ser considerados antes de hacer afirmaciones como las que se oyen y leen de que los legisladores “no sirven para nada” “tienen privilegios” “trabajan poco” y tantas otras semejantes.

Permítanme, ahora hacer la siguiente afirmación:

En la próxima contienda electoral se juega el destino de la Argentina y quienes compiten por gobernar deberían tener el coraje, la honradez  y la sabiduría para encontrar formas de asegurar un tránsito pacífico y ordenado hacia la imperiosa necesidad de colocar a nuestra nación, otra vez, el mundo. Quien quiera que resulte electo para conducir el Poder Ejecutivo deberá tener la grandeza y la lucidez de quienes hicieron grande a nuestra nación.

No fueron solo Mitre, Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Alem, Saenz Peña o Roca,  por citar solo a algunos. Sus ideas y aportes, aún con disidencias, ocultan  a miles de funcionarios públicos, militares, maestros, escritores, filósofos, médicos y tantos otros que, con menos notoriedad impulsaron y acompañaron la formidable gesta de los líderes, constituyendo, en conjunto, un haz de creadores como nunca  más tuvo nuestro país. La ciudadanía debería, ahora, acompañar de igual modo y los líderes comportarse con grandeza u visión.

Aquellos lo hicieron basándose en el orden jurídico republicano, la ocupación de nuestro vasto territorio, la educación, las monumentales obras públicas, la apertura comercial y la inserción en el mundo.

Me adelanto a una crítica habitual.

Criticar a esos hacedores porque eran aristócratas, poco inclinados a respetar la voluntad popular, porque ligaron el crecimiento del país a la potencia dominante o porque privilegiaron el capital sobre el trabajo, es un anacronismo. En la misma época Francia era, igual que España, una monarquía, Alemania e Italia eran un conglomerado de territorios desunidos y en algunos casos enfrentados entre sí. La Argentina era una república. Y la revolución industrial en su apogeo.

Pero además impulsaron la migración de hombres y mujeres de todos los confines del planeta. Entre 1870 y 1920 llegaron al país, alrededor de 6.000.000 de personas, de los cuales permanecieron aproximadamente la mitad. Pero además entre 1865 y 1914 nuestras exportaciones se multiplicaron por 13, el área agrícola ganadera pasó de 10 millones de hectáreas en 1850 a 51 millones en 1908 y  las cabezas de ganado pasaron de 10 millones en 1850 a 23 millones en 1884, por citar solo algunos indicadores,

Y además fundaron miles de escuelas y varias universidades que ilustraron tanto a los nativos cuanto a los inmigrantes e hicieron ferrocarriles, caminos y puertos.

No quiero mencionar los resultados económicos, motivo principal del debate electoral, pues son todos negativos. Basta saber que hace ya muchos años que no crecemos, que nuestra participación en el comercio mundial es minúscula, que nuestro PBI es insignificante en comparación, por ejemplo, con el de Irlanda que es del tamaño de una provincia chica de nuestro país y tiene el 10 % de nuestra población.

Dejando de lado otro tipo de enfrentamientos que tuvimos en el pasado, parece indudable que los argentinos estamos enfermos de rencor. Rencor de pobres contra ricos, de dirigidos contra dirigentes de obreros contra patronos, de civiles contra militares, de simples ciudadanos contra piqueteros. Y esto es tanto o más negativo que las dificultades económicas.

No parece razonable, ni sano, ni eficiente, alimentar ese rencor como está sucediendo en estos tiempos.

Lo que debemos hacer, todos los argentinos o al menos, las mayorías que se disputan el gobierno, es deponer la hostilidad recíproca. No será fácil pero debemos hacer el esfuerzo pues, como se plantea el futuro, jugamos nuestro destino.

He aquí algunos interrogantes que no se discuten en estos tiempos:

¿Cuál es el papel que deben tener en nuestra sociedad las fuerzas armadas? ¿El de simples marionetas del gobierno o el de instituciones preparadas para defender a la patria? ¿Qué se espera de las fuerzas policiales? ¿Ser lacayos de los gobiernos o entidades capaces de prevenir y combatir el delito? ¿Queremos mejores universidades públicas o simples organismos de educación burocrática y semillero de inmaduros contestatarios? ¿Aspiramos, en verdad, a mejorar la calidad de vida de los necesitados o nos contentamos con someterlos a la esclavitud de la caridad pública? ¿Queremos ser una república democrática o preferimos un presidente déspota, legisladores adormecidos por el miedo o la prebenda  y jueces complacientes? ¿Queremos seguir siendo un país insular y remoto, subpoblado y con la ilusa pretensión de “vivir con lo nuestro” o abrirnos al mundo?

Estas son algunas de las cuestiones que están en juego y sobre las que es sano discutir. Todo lo demás son fuegos artificiales (la tasa de crecimiento, el nivel de consumo, los salarios, la magnitud de las exportaciones e importaciones, el tipo de cambio). Lo que perdura, lo que hace a una sociedad madura y capaz de abordar el futuro sin cataclismos, respetando los procedimientos y los derechos de todos, es el fiel cumplimiento de las normas morales, políticas y jurídicas en las que se asienta su organización. El “agreement on fundamentals” como dije al comenzar.

Desde luego hay que contribuir con la aspiración de la mayoría que es el tránsito sereno, aunque con sacrificios, hacia una nación sin pobreza y con paz social que genere oportunidades de progreso moral y material como proclamaron los fundadores de este club en 1852.

Para que ello sea posible, además de quererlo debemos ser conscientes de nuestra posición aislada y atrasada en un mundo interrelacionado como nunca antes y comerciar con todos, aumentado exponencialmente nuestras exportaciones y enfrentando y resolviendo algunos de los obstáculos para lograr el progreso, cuales son la modificación de nuestro sistema impositivo, la flexibilidad de nuestra legislación laboral y la racionalización del aparato estatal, todas cuestiones que requieren negociaciones y acuerdos entre los involucrados.

Tengo la esperanza de que las elecciones que se celebrarán pronto, sean una ocasión para asegurar que quien gobierne a partir del 10 de diciembre, pueda llevar a cabo las trascendentes y postergadas reformas y abrir la ventana de un futuro venturoso y en paz para nuestros descendientes.

Si se quiere imponer un régimen económico contrario a los intereses del conjunto, según la razonable interpretación que de ello debe hacer el nuevo gobierno, valorando todos los intereses y conveniencias en juego, iremos por mal camino.

Si pretende imponerse una política exterior objetivamente contraria a los intereses nacionales, que son los únicos que hay que defender y preservar, con fundamentos ideológicos o basada enconos del pasado o suposiciones incomprobables, iremos por mal camino.
Si no se encara, con honestidad y eficacia, la asistencia y promoción de los sectores necesitados, desechando para siempre la esclavitud moral y material a la que se ven sometidos los marginados, por los indignos manejos de la ayuda social, iremos por mal camino.
Si no se acuerda, bajo el impulso e iniciativa del gobierno y la oposición, en su conjunto, un programa mínimo de políticas de Estado que atiendan a la educación y la salud como bienes imprescindibles para el progreso moral y material de la Nación, iremos por mal camino.
Si no se cierran, definitivamente, las heridas de nuestro pasado, iremos por mal camino.
Si gasta más de lo que se recaude o se gasta mal, y si no se atienden, con lealtad, las aspiraciones de renovación en la clase dirigente (políticos, sindicalistas, etc.), iremos por mal camino.
Si no se pone coto a la corrupción, iremos por mal camino.

Muchas gracias por la atención.

Por Guillermo V. Lascano Quintana