Historia secreta de una ley secreta, fruto de Macri, Cristina, el Papa y Durán Barba

El proyecto que entrega lotes en villas se construyó sobre inesperadas coincidencias.

Por Ignacio Zuleta

Los personajes de un consenso objetivo

Reclaman su rol en esta historia los personajes que el estereotipo llamaría a enfrentarse sin piedad. Actuaron, en cambio, como si los guiase una mano oculta que les hacía ver un camino necesario a un encuentro. Como ocurre pocas veces en la historia, se trata de un consenso objetivo, que no explica la voluntad de cada uno, pero que tampoco se entiende sin descender a la intimidad intransferible de cada cual.

​Los 194 votos del jueves, unánimes, con cero en contra, para la ley de entrega de lotes en las villas, se construyó sobre inesperadas coincidencias entre Mauricio Macri y Cristina de Kirchner, el papa Francisco y Jaime Durán Barba, el Pro, los radicales, Carrió, todos los peronismos y la izquierda. Del otro lado no quedó nadie. Cero votos. Insólito en la Argentina de la intransigencia y la intolerancia. Una muestra, además, de que los consensos se alcanzan cuando hay noción del interés común y del poder que tiene cada uno.

De la Atenas de Clístenes a las villas que duelen

El proyecto de formalizar de alguna manera el mapa catastral de los terrenos ocupados es viejísimo. Alberto Pierri popularizó la consigna “un hombre, un lote” y el gobierno de Carlos Menem emprendió, como los gobiernos que le siguieron, otras variedades de la regularización de dominios. El plan Arraigo data de 1992. En uno de los últimos actos de su gobierno, Cristina de Kirchner dictó el reglamento de la Agencia de Bienes del Estado creado en 2012. Firmó la norma el 1° de diciembre de 2015 (Decreto 2670/2015), cuando Mauricio Macri ya le había ganado en un ballotage a Daniel Scioli. Como todas las normas de un fin de régimen, fue un papel inocuo para resolver demandas que otros buscaron resolver. En los primeros meses del macrismo, el asunto recayó en una sede inopinada: el departamento de la avenida Alvear de la Capital Federal, en donde vive el asesorísimo Jaime Durán Barba, que anima peñas con tema libre, que son las más fértiles dentro de ese género.

Una noche del otoño de 2016 reunió para una cena a Marcos Peña, Mario Quintana, y los asesores de la presidencia José Torello y Fabián Rodríguez Simón. Eran días de alta imaginación en el diseño del nuevo gobierno. La charla derivó al rol de la propiedad en la construcción de la identidad de los pueblos, especialmente entre los pobres de la tierra. Torello, que es un empresario inmobiliario del sector ABC1, aportó alguna anécdota sobre sus desarrollos en la zona Norte, con cierto ingenio sobre las fórmulas registrales que podían facilitar el acceso a tierras entre los desposeídos. Rodríguez Simón, que es un lector de todo lo que ande por ahí, remontó la charla al historiador Heródoto y el cuento acerca de Clístenes. Este personaje fue, según los historiadores, uno de los fundadores de la democracia ateniense en el 50 AC, usando el reparto de las tierras como forma de sacar al “demos” de la exclusión. Los historiadores discuten aún hoy la complejidad de aquella manera de repartir las tierras urbanas, rurales y costeras como un proyecto político para capturar al “demos”.

El Señor de los Anillos y el jefe piquetero

Bastó la referencia para que Quintana, un hombre de cultura pobrista en su juventud, pidiera que se organizase una mesa de trabajo para hacer un proyecto. Con Rodríguez Simón pronunciaron el mismo nombre al mismo tiempo: Juan. Era Juan Grabois, líder de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Social) y a quien había conocido en la ciudad como el demiurgo de la organización de los cartoneros. Grabois vivía en ese tiempo en San Martín de los Andes, en donde tiene una escuela de dirigentes, y aun no había sido elegido Papa su mentor desde hacía una década, Jorge Bergoglio. Grabois estaba en ese tiempo promoviendo un censo de villas y estudiaba el tema dominial. Ha tenido como referentes en el gobierno a Rodríguez Simón y a Quintana, con quien tiene una amistad de nubosidad variable. Hace algunos meses que no se habla.

Quintana endureció su posición frente a las organizaciones, por las concesiones que les reprocha a Carolina Stanley y a Horacio Rodríguez Larreta. “Se la creyó” – dice Grabois – “como en la novela, es el Señor de los Anillos, tuvo el anillo del poder y se desubicó con el poder que alcanzó”. Seguro tendrán un repechaje, porque han sido responsables de la urdimbre de un proyecto revolucionario que supera los sueños de los insurgentes de cabotaje que habitan el suelo argentino. Si se encuentran, hablarán de Roma, adonde se registró hace unos días, con discreción, la presencia del propio Quintana, que se tomó unos días de descanso. Allí está Francisco, inspirador de la iniciativa, que puede festejar como uno de los ganadores. Fue la clave del 194 a cero, porque nadie quiso votar en contra de un proyecto de penetrante aroma francisquista. Tenían mucho que hablar Francisco y Quintana, ahora que la Iglesia se para de manos ante el gobierno por el debate sobre el aborto.

Primer round: la ley de Economía Popular

En pocas semanas después de aquella peña de Durán Barba, ya funcionaba una mesa de abogados – elegidos por Rodríguez Simón y Grabois-, con funcionarios del ministerio de Carolina Stanley, y algunos legisladores. Fructificó en la convocatoria a otras organizaciones que estaban sobre el terreno, como Cáritas, la fundación Techo, de origen chileno pero que compromete voluntariado multipartidario, y el arco de las organizaciones sociales al que la prensa bautizó como “Los Cayetanos”, por su referencia a ese santuario de la piedad popular, y al papa Bergoglio: la Ctep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), el movimiento Evita, Barrios de Pie, y otras. En esa red – que ampara la marca Proyecto Hábitat, que alberga el ministerio de Rogelio Frigerio – actuó otro personaje clave, el jefe de la bancada del Pro, Nicolás Massot. Había viajado a Roma con Grabois para participar en la primera semana de 2016 de la cumbre mundial de organizaciones sociales que había convocado el Papa. Ese viaje le dio impulso al acuerdo entre el gobierno y las organizaciones para la sanción, con una mayoría apabullante de votos, la ley de emergencia social, de diciembre de 2016, que dispuso un subsidio al sector de la economía popular (Ley 27345) estimado en los $ 30.000 millones durante tres años. Salió de un acuerdo impensable en el momento, cuando se discutía la reforma de ganancias que hizo saltar todas las alianzas.

Segundo acto: el peronismo enojado con el censo de villas

De esa sanción surgió el segundo round, el “plan Clístenes” de regularización dominial. El gobierno y las organizaciones habían llevado a cabo un original censo de villas de todo el país, que registró más de 4.000 “barrios populares”. Ese censo sirvió para el plan de extensión de certificados de vivienda familiar, un instrumento novedoso para promover la identidad de los habitantes, que con ese documento podían defenderse de okupas venales o violentos, del abuso policial, o acceder a servicios públicos y tarifas populares. Un reconocimiento político y aun no legal, en la evocación de Clístenes. Con la participación de los propios habitantes, se había formalizado un censo que despertó rispideces con intendentes y gobernadores. En particular en el peronismo, que libra una disputa con las organizaciones sociales por el liderazgo territorial. No todas las organizaciones persiguen un formato político.

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Grabois, por ejemplo, prefiere sentarse en la silla en la conducción de la CGT, pero no quiere formar un partido político ni ser candidato. Esto desconcierta más a sus adversarios en el liderazgo social. No entienden que alguien haga política sin buscar la formalidad del poder. Deberían leer, por ejemplo, el libro de John Holloway «Cambiar el mundo sin tomar el poder”, un clásico de la política poscrisis.

El secreto protegió un plan revolucionario

En mayo de 2017 esta tarea casi secreta salió a la superficie con la firma por Macri de la reglamentación del decreto de Cristina de 2015. La norma (Decreto 225/2017) creó el ReNaBaP – Registro Nacional de Barrios Populares – que es la semilla del proyecto que se sancionó el jueves a la madrugada, y que establece un plan plurianual para que los habitantes de las villas reciban la propiedad de los dominios. Los lotes serán entregados a los ocupantes registrados en el censo después de que el Estado haga la expropiación, y les pague a sus propietarios. Algunos son terrenos privados, otros son del Estado. El decreto contenía, como anexo, un largo listado de los más de 4.000 barrios populares. Se los definía como “los que reúnen a un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”. En el último año el proyecto avanzó en silencio, casi en secreto. Que fuera un entendimiento entre oficialismo y oposición, algo intolerable para los intolerantes, forzó a la discreción. Felipe Solá, uno de los fogoneros del proyecto en el Congreso, junto a Massot, Leonardo Grosso (movimiento Evita) y otros, hizo referencia en la sesión del jueves a ese silencio. “Es muy difícil que algún diputado -salvo alguien que tuviera alguna relación muy especial con la ministra de Desarrollo Social- supiera que se estaba haciendo este trabajo, que fue deliberadamente silencioso”. Lo explicó la kirchnerista Mayra Mendoza: los promotores de las organizaciones nos decían: “saquen rápido esta ley y no la compliquen, porque tememos mucho lo que pasa en este edificio y en la otra mitad del edificio -en el Senado-, y tenemos miedo de que nos cambien todo o no salga nunca, o salga mal y tarde”. Tardará un tiempo. El costo del programa, en Buenos Aires solamente, puede llegar a los U$S 7.000 millones. Es poco si paga una revolución. Cuando cambia un gobierno hay reforma. Cuando cambia la propiedad, hay revolución. Esto es lo más parecido a eso que ha vivido el país en décadas. Por eso se resisten los revolucionarios gourmet que tenemos en casa.

El kirchnerismo boicoteaba la revolución

El proyecto estaba listo para ir al recinto en abril pasado, cuando la agenda era ocupada por las tribulaciones financieras del gobierno. Las organizaciones estaban de acuerdo en el proyecto elaborado por el gobierno y ellos mismos en un 70%. Pero nadie presentaba la versión final. Grabois lo llamó a Massot e intimó al oficialismo: si no lo presentaban en mayo, el proyecto lo firmarían los diputados de la oposición. Massot organizó el contrataque, y el gobierno decidió que lo firmasen Massot, Mario Negri y Elisa Carrió, los jefes de los bloques de Cambiemos. Con su rúbrica fue a las comisiones. Ni Negri ni Carrió lo conocen a Grabois. El cacique radical delegó la ponencia en el ascendente Fabio Quetglas. La jefa de la Coalición dictaminó: “Es un proyecto divino, adelante”. Esto empujó el trámite, que costó, porque el peronismo cristinista boicoteó la iniciativa con un proyecto propio, y la acción de algunos diputados propios. Fernando Espinoza dijo en la comisión que el censo se había hecho sin el conocimiento de los intendentes de Buenos Aires, como ratificó en el recinto Solá. Juan Cabandié dijo que él no confiaba en un proyecto firmado por Massot, Negri y Carrió. Grabois, que es un librepensador, se juntó con el bloque del Frente para la Victoria en una reunión que terminó a los gritos.

Les enrostró que se oponían al proyecto con chicanas. También se sintió víctima de esa comisaría del cristinismo que es el CELS, que lo fustiga porque lo acusa de hacer papismo, y de darle paz social al gobierno a cambio de nada.

Cristina también se subió al tren

Es cierto que las organizaciones de los “Cayetanos” son la garantía de la paz en las calles, sus cortes son acotados, no interrumpen la circulación y cuando escala la violencia se retiran. El gobierno de la ciudad admitió, a través del propio Horacio Rodríguez Larreta, que no hubo sangre en diciembre pasado, cuando se discutía la reforma previsional en diputados, porque Grabois mandó a salir a su gente de las calles, cuando el sindicalismo y los partidos buscaban camorra. Grabois me dice: “¿Cuál es el beneficio de la violencia para los sectores populares si son los pibes los que siempre terminan poniendo el cuerpo cuando hay represión?”. El CELS fustiga en sus documentos a Grabois, quien identificó a un operador de esa organización, el arquitecto Eduardo Reese, como el responsable de alimentar críticas a un proyecto que, entienden las organizaciones, se mejoró en las comisiones hasta lograr un 90% de lo que ellas pretendían. Grabois cree que en realidad el CELS busca marcarle la cancha a Cristina de Kirchner, dividiendo entre buenos y malos. Pero eso fue a verla. Estuvo en dos oportunidades con ella. La última para explicarle que el proyecto era bueno y que sus diputados lo frenaban. Ella mandó, a través de su hijo Máximo, a que lo votasen calladitos. Se entiende. El plan reflotaba su decreto póstumo de 2015.

“Lilita se expresó mal, pero tiene razón”

Grabois siguió el debate de la ley y percibió que la sesión podría terminar en tumultos, como ocurrió al final, al quedar sin quórum cuando iban a votarle a Nicolás Caputo el aval para que sea cónsul honorario de Singapur. Fue cuando se vio el cruce entre Carrió y el peronismo por su frase sobre propinas, coimas y changas. Le mandó un mensaje amistoso a través de un amigo común de la mesa, que había trabajado por el proyecto: “Decile a Lilita que se expresó mal, pero que tiene razón. Hay coimas, y eso es corrupción y más pobreza. También hay economía en negro, y mucha gente que vive de changas”. Grabois cree que la crisis actual no es equivalente a la de 2001, como afirma el cristinismo, porque hay más contención social que entonces, en particular la AUH (Asignación Universal por Hijo). “Se come mal en todo el país, pero nadie se muere de hambre. Todos tiene por lo menos los $4 mil que les dan por asignaciones”, dice.

Fuente: clarin.com.ar