En época de controversias y polémicas públicas, algunas voces plantean la necesidad de abrir un sincero debate sobre la violencia política en la Argentina de los años 70. Otros dogmatizan que sobre lo acontecido en aquellos años trágicos ya no hay nada más que discutir frente a una “política de Estado” que no debe, ni puede, cuestionarse en tanto que impone un “discurso único”; una nueva “historia oficial” que estigmatiza a los que la ponen en duda.
La reciente prohibición, en la edición 44a de la Feria Internacional del Libro, de exhibir un documental de tono crítico acerca de los juicios de lesa humanidad a los militares y su situación en prisión da cuenta de la profundidad del problema. “A pedido de organismos de derechos humanos”, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa las autoridades de la Feria ejercieron censura previa y denegaron la autorización tramitada para la exhibición.
Los familiares y las asociaciones de víctimas del terrorismo, ignoradas y borradas de la historia, junto a algunos pensadores, historiadores, periodistas y ciudadanos de a pie se atreven a desafiar el “paradigma setentista” para instalar el debate.
Voces, como la del exmontonero Héctor Leis, se animaron a resistir el “credo” consagrado durante tantos años. En su libro póstumo Un testamento de los años 70. Terrorismo, política y verdad en la Argentina, Leis afirmó que la democracia no se diferenciaba mucho de la dictadura en la cabeza de los jóvenes revolucionarios de los 60 y 70, pues ambas eran igualmente “burguesas”. Fue después de la derrota política y militar de sus fuerzas, en los 80, lejos de sus antiguas preocupaciones revolucionarias, que la temática de derechos humanos sería su vía de acceso al poder. Un conveniente revisionismo histórico dará voz al dolor de las víctimas desde una supuesta verdad histórica que acarrearía nefastas consecuencias. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner manipularon tan brutal como exitosamente la frágil memoria de los años 70, suprimiendo aquel lado “oscuro” del pasado revolucionario y planteando que los guerrilleros siempre defendieron la democracia y lucharon contra las dictaduras militares, negando el terrorismo encarnado por parte de la sociedad civil, circunscribiéndolo solo al del Estado.
Graciela Fernández Meijide también reconoce la dificultad que plantea salir de la memoria testimonial para intentar aproximarse a la verdad histórica, pero asume el desafío. Otro exmontonero, Luis Labraña, “inventor” de la cifra de los 30.000 desaparecidos -buscando facilitar el cobro de subsidios para las Madres de Plaza de Mayo desde su exilio en Holanda- exigió, durante el gobierno de los Kirchner, desmitificar esa cifra, poner sobre el tapete el despreciable negocio de los derechos humanos y que se contradiga el “relato oficial” que el gobierno de entonces usaba como “ariete ideológico” mostrando que era, en realidad, una “fábula política” al servicio también de la corrupción por la enorme cantidad de dinero involucrada en pagos sin control, indemnizaciones, subsidios, pensiones, etc., que sirvieron para ocultar también el saqueo a gran escala de los gobernantes que más lo impulsaron: Néstor y Cristina Kirchner.
El eje del debate puede resumirse en una sola pregunta: los guerrilleros de los años 70, ¿fueron mártires o terroristas? La categoría de mártires forma parte central del “relato setentista”. Para Juan Domingo Perón, fueron verdaderos enemigos de la patria, organizados para luchar contra el Estado, al que infiltraron con aviesos fines insurreccionales. No solo eran grupos de delincuentes, sino una organización que, con objetivos y dirección foráneos, atacó al Estado y sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar el caos. “Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos”, afirmaba.
Hace unos días, el escritor Federico Andahazi denunció -por la señal televisiva TN – la inclusión en los registros oficiales y en el Parque de la Memoria, en el paseo público de la Costanera Norte, frente al Río de la Plata, de dos ciudadanos paraguayos a los que se tenía como “desaparecidos”. Andahazi demostró que uno de ellos está vivo y que el otro, padre del primero, murió por causas naturales.
Vale otro ejemplo. Según el “Listado de víctimas de desaparición forzada y asesinato”, publicado en 2015 por el gobierno de Cristina Kirchner, Nora Lía Marquardt Frontini, de seudónimo “Clara”, fue “asesinada” a los 27 años por agentes estatales en la ciudad de Córdoba, en 1975. Su nombre figura también como asesinado en la base de datos del Parque de la Memoria, al que son llevados los mandatarios extranjeros que visitan nuestro país y los alumnos de todos los niveles educativos, a modo de “homenaje, recordación, testimonio y reflexión”.
En el año 2000, durante la gestión de De la Rúa, los herederos de Marquardt cobraron una indemnización equivalente a 171.044 dólares en el marco de la ley 24.411 de reparación a los familiares de las víctimas de la represión ilegal. La crónica periodística en tiempos del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, reseñó: “Fracasó un intento de asalto de un camión de caudales por parte de un grupo extremista. Una guerrillera fue abatida en la acción y resultaron heridos dos custodios del vehículo blindado y un policía”. Al día siguiente, los medios de comunicación dieron a conocer la identidad de la “terrorista”, que resultó muerta: Nora Lía Marquardt.
Por su parte, en la edición N° 67 de diciembre de 1975, la revista Estrella Roja – Órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), registra: “Noviembre 25. Córdoba. El Comando ‘Héroes de San Martín’ del ERP intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt (sargento Clara)”.
Según los documentos históricos, incluidos los producidos por sus propios camaradas, la “sargento Clara” integraba un ejército irregular perseguido penalmente por un gobierno constitucional al que combatía violentamente para reemplazarlo. Marquardt, como parte de un “comando” del ERP, intenta robar un camión de caudales y resultan heridos dos custodios y un agente policial, y es abatida en la acción.
Cientos de libros y publicaciones de las organizaciones armadas de los años 70 que pueden consultarse por Internet describen miles de “muertes en combates heroicos” convenientemente convertidos, años más tarde, en “asesinatos”, para cobrar indemnizaciones por un monto que supera los tres mil millones de dólares. Plantea alarmado el periodista Jorge Fernández Díaz que para entender la gravedad simbólica e institucional de tan grotescas adulteraciones solo habría que imaginar qué ocurriría si en España se realizara hoy un acto celebratorio de la ETA o en Colombia se organizara una marcha para ensalzar la lucha de las FARC.
Miles de ejemplos como éstos refuerzan la necesidad de abrir el debate para dar lugar a otras voces, largamente amordazadas con la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”. Lo acontecido en la Feria del Libro con la prohibición de la exhibición de un documental así lo confirma.
“Construir la memoria”, en la Argentina, consistió en “photoshopear” la historia, editando una imagen del pasado dirigida a manipular el presente y moldear el futuro.
Países que han sufrido conflictos internos aún más graves que el nuestro en los 70 han contado con dirigencias sabias y prudentes para superarlos. El Estado, por fidelidad a la verdad debe obligar también a cuantificar y transparentar, perentoriamente, los multimillonarios dineros públicos que se emplearon para lograr aquellos objetivos.
El pasado ya fue, el presente nos desafía y a la hora de construir un futuro mejor para los argentinos se impone un debate honesto sobre la trágica década de los años 70.
Fuente: La Nación Online
