Desde sus inicios, la Justicia -y en especial la Corte Suprema- preocupó, y por momentos obsesionó, al kirchnerismo. Ya sea bajo el ropaje de discursos institucionalistas o reformistas, la intención siempre fue la misma: el control de la Justicia.

Néstor Kirchner, en el inicio de su mandato, dictó los decretos 222 y 588, en los que establecía el procedimiento de selección de magistrados, tanto de la corte como del Ministerio Público. Fue bien recibido. Al poco tiempo, en la presentación del “Plan estratégico de justicia y seguridad”, dijo que venía: “(.) a reafirmar mi convicción de eliminar la corrupción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad”. Tres meses después, el ideólogo de ese plan saldría eyectado del gobierno y el proyecto, cajoneado. Eso sí, con toda claridad.

Más tarde, el kirchnerismo avanzó con la “democratización de la Justicia” y el intento de copamiento del Consejo de la Magistratura, con la excusa de que había “que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada”. A principio de este año, el Presidente expresó: “Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia, sino con una mejor justicia. (.) Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia”.

Las declaraciones de Fernández sobre la justicia se dan en un marco en el que la expresidenta de la Nación vuelve al modo lawfare, avanza contra el tribunal que la investiga en la causa de encubrimiento por el memorándum con Irán, la Secretaría de Derechos Humanos pide la liberación de presos por corrupción y la Oficina Anticorrupción desiste de las querellas en las causas Hotesur y Los Sauces. A estos embates se suman las más de 60 vacantes en la Justicia Federal que se generaron este año con la ley de jubilaciones judiciales con la excusa de “terminar con los privilegios” y la presentación, que se haría en estos días, de una reforma de la Justicia.

En una reciente entrevista, el Presidente dijo: “Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta”. Parece que el mecanismo de hacerles decir a otros lo que él que ya tiene decidido no solo lo aplica en materia sanitaria. No permitiremos que, esta vez, bajo el ropaje del discurso científico, se garanticen impunidad.

Hemos sido la oposición seria y responsable que el difícil momento que atraviesa nuestro país exigía. Pero de ninguna manera seremos convidados de piedra ni cómplices de debates engañosos y acuerdos espurios. Volvieron, y eso implica que ya los conocemos. La sintonía fina entre Alberto y Cristina es avanzar sin controles, y no la vamos a permitir. Estamos otra vez ante un proyecto que pretende una hegemonía institucional, atropellando la división de poderes; una hegemonía económica, sin ley de presupuesto y distribuyendo arbitrariamente los fondos públicos a través del jefe de Gabinete, y una hegemonía política, instaurando el pensamiento único.

El intento de avanzar sobre los frenos y contrapesos que nuestro sistema republicano prevé para evitar que personas o mayorías circunstanciales avancen sobre las libertades, bienes u organización política de una nación no es una decisión aislada. Es un pacto que Alberto y Cristina sellaron cuando decidieron que él fuera el candidato a presidente. Volvieron por todo, y empezaron por la impunidad.

por Paula Oliveto Lago y  Juan Manuel López*

La Nación, 20 de mayo de 2020

*Diputados Nacionales. Coalición Cívica. Com. de Asuntos Constitucionales