Los planes sociales se han convertido en una madeja enmarañada, que no solo tiene un enorme peso en el presupuesto público, sino también es un nido donde se esconden las distintas facetas de la corrupción.
Nacidos en realidad en el primer trimestre del año 2002 para hacer frente a los gravísimos problemas que produjo la abrupta decisión de finalizar el régimen de convertibilidad con una fuerte devaluación, hoy forman parte de lo cotidiano.
Un relato falso invirtió los roles de los que sufrieron y de los que se beneficiaron, transformado a la devaluación en un hito épico, que salvó a la República del año 2001. Aún seguimos sufriendo las consecuencias sociales de esa inmensa deformación de la verdad
Con el apoyo financiero de los bancos internacionales, se pusieron en marcha los primeros planes para dotar de ingresos de subsistencia a quienes cayeron abruptamente en los abismos de la pobreza extrema y la indigencia en el primer semestre del año 2002.
Pero, como en el caso de los impuestos que se propician por única vez y luego se replican aunque desaparezcan los motivos que les dieron fundamento, con los planes sociales ha pasado lo mismo. Se han multiplicado como hongos en la selva húmeda para llenar los vacíos dejados por la ausencia de políticas de creación de empleo que respondan al precepto bíblico de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”.
Un Estado holgazán, cómodo con la función de dadivoso, ha reemplazado al Estado activo que promueva el desarrollo de la sociedad a través de la igualdad de oportunidades que permite el progreso individual.
Antes de ingresar al tema específico, vale la pena recordar unos grandes números. El gasto social representa un 12 % del PBI. Las tres cuartas partes del mismo corresponden a jubilaciones y pensiones, parcialmente financiadas con ingresos específicos del sistema previsional, aunque cabe recordar que la mayor fuente de desbalance de la caja previsional fue la apertura indiscriminada de nuevas jubilaciones sin previos aportes del año 2014. En cambio, los planes sociales, que representan el 3% del PBI, no tienen ninguna fuente autónoma de alimentación; son partidas presupuestarias del tesoro nacional.
Un rápido análisis de los planes en vigor, muestra una duplicación extraordinaria de objetivos y medios, lo que se traduce en la ineficiencia global del sistema de asistencia social donde además se confunde ex profeso que el dador no es el Estado, que somos todos, sino el funcionario de turno.
Algunos aducen que es una forma de redistribución del ingreso. Pero cuando la parte aporta el ingreso público a través de los impuestos se achica, el mecanismo es perverso, porque a la larga termina en menos para todos. Una gran estafa al estilo Madoff, porque el Estado sabe que los recursos a distribuir no son infinitos.
No es necesario entrar en el detalle de los planes principales: 6 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, 8 en ANSES, 2 en el Ministerio de Trabajo, 1 en Turismo, 3 en Vivienda y Habitat, 4 en subsidios en Energía y Transporte, y similares en provincias y municipios. El AUH y la tarjeta Alimentar, junto con los diferentes mecanismos que configura los Planes para Potenciar Trabajo a través de sistemas autodenominados cooperativos, sobresalen entre todos y se llevan la mayoría de los fondos. Sin hablar de los planes platita, jubilaciones sin aportes, tarifas subsidiadas y tantos otros que conforman una enorme masa de recursos públicos que solo dan respuestas a las necesidades momentáneas de la política de patas cortas, como la mentira.
A esta altura de la charla, es útil recordar que los planes sociales aparecen como respuestas coyunturales de una gestión gubernamental, que se resiste por ocio, comodidad e ideologías deformadas, a enfrentar y resolver los problemas de la injusticia del desempleo y sus derivados, que son la pobreza, y la indigencia.
El sistema imperante ha facilitado al mismo tiempo, la multiplicación de organizaciones sociales, que muestran habilidad para administrarlos pero que, a su vez, son parte del flagelo de la corrupción, donde sobresalen los gerentes de la distribución de planes, los organizadores de cooperativas al solo efecto de crear instancias de cobros, y los mecanismos de compras de insumos sin control ni auditoría. Y todo sujeto a una alta politización donde la conquista de la calle se convierte en un trofeo.
Frente a la politización, algunos propician su regreso al Estado, lo que sería como poner el zorro a dormir en el gallinero, ya que al funcionario de turno le será muy difícil administrar donaciones sin caer en la tentación de requerir contraprestaciones electorales o de otra clase.
El mantenimiento del status quo, con sus agotadoras tensiones internas y externas solo agregará ineficiencia y material de corrupción, sin cambio alguno en la situación de progreso para la gente, a la que se la mantiene en condición de mendicantes. Está claro que ese no es el camino.
Si se coincide que ese rumbo es insano y peligroso, el cambio de rumbo debe ser paradigmático, y en vez de propiciar el salario universal como herramienta igualadora, las políticas de Estado deben ser orientadas a la creación de programas de trabajo universal.
No debería ser difícil optar entre salario universal o trabajo universal. O una posibilidad alcanzable frente a una utopía demagógica
Cuando el régimen de convertibilidad se disolvió en el año 2002 no reabrieron las PYMES; pegaron un enorme salto el desempleo y la pobreza, mientras conservaban su patrimonio tanto el sector bancario y financiero cómo el gran empresariado deudor en dólares.
El sistema financiero sigue gozando hoy de una relativa buena salud. Y las grandes empresas ha podido mantener sus márgenes aunque en algunos casos, a costa del diferimiento de inversiones.
Este enorme desequilibrio entre obligaciones, responsabilidades y derechos de los distintos estratos socioeconómicos en tiempos de crisis, es también el resultado de la falta de coincidencias en el origen del caos ético y funcional que rige en el país.
Si la razón de ser de los planes sociales es satisfacer las necesidades de quienes, al no tener trabajo digno, no pueden alimentar ni cobijar a sus familias, la planificación para el desarrollo social debe enfocarse a suprimir esa razón de ser y garantizar así la misma oportunidad de progreso personal para todos.
El protagonismo de las organizaciones sociales para llevar a cabo la tarea de transformar planes sociales en trabajo digno y en igualdad de oportunidades, tendrá como consecuencia el progresivo achicamiento de ellas. Díficil concitar su colaboración en este cambio de rumbo.
Es cierto que se han formado cooperativas de ayuda social, tal como el más conocido ejemplo de los comedores populares, en los que trabajan y se registran como ocupados los que asisten en tareas varias, mientras el Estado les paga sus salarios través de los Planes Potenciar. Aparentemente parecería un buen camino, pero mantenerlo sin cambios es, en el fondo, como hacerse trampa al solitario, pues al final es el mismo bolsillo saliente y entrante entremezclado con mayor burocracia y mayor potencial para facilitar la corrupción sistemática en la intermediación.
Por otro lado, como ya hemos señalado, dárselo a los organismos del Estado en sus distintos estratos, con toda seguridad, con el paso del tiempo los beneficiarios se irán incorporando paulatinamente a las plantillas estatales, incrementando así el gasto público en desmedro de la inversión privada. La propia dinámica de la legislación laboral señala este inexorable final.
Todo este razonamiento crítico lleva a buscar soluciones alternativas a través protagonistas diferentes, fuera de la política, cualquiera sea su origen, y que puedan actuar como grandes dadores de empleo y generadores por lo tanto, de oportunidades para todos.
Por varias razones parecería que una buena solución pasa por el sector de la pequeña y mediana empresa, (PYMES) que registra un total de cerca de 500.000 unidades empresarias con hasta 100 empleados, y en las que 3,3 millones de trabajadores están formalizados.
El sector PYMES desempeñará a estos efectos el rol protagónico, como lo supo hacer en muchas otras oportunidades en nuestro país y en otros países en circunstancias mucho más complejas
La igualdad será la oportunidad laboral y no una forzada tabla salarial. El incentivo volverá a ser el mérito, producto de la combinación del tesón y del conocimiento, alimentando la dignidad y el orgullo de superación, que anida en todo ser humano.
Es interesante destacar que las PYMES en momentos de crisis, son las más reacias a ajustar planteles, por dos razones básicas: a) hay una cohesión interna propia de las relaciones sociales y familiares intraempresa y b) el gran contenido de entrenamiento y capacitación, se traduce en costos de difícil apreciación, pero cualitativamente muy importantes.
Algunos análisis indican en las PYMES hay una relación valor agregado por trabajador y por máquina proporcionalmente inversa a la de las grandes empresas. En otras palabras, la productividad social supera a la productividad por máquina y esta preferencia hacia el trabajo humano, es un factor inequívoco de desarrollo social.
Es probable que estas apreciaciones sean discutidas, discusión que puede ser más válida en un contexto muy micro, pero menos en un contexto macro en relación al costo social del desempleo y al impacto negativo personal y colectivo del ocio forzado por falta de empleo.
Reenfocando entonces el problema a resolver y aceptado que la cesión de la responsabilidad a las organizaciones sociales y/o a las instituciones del Estado sería el mantenimiento ineficiente del status quo (que podrtíamos resumir en retrogradismo que es los que sucede cuando nos quedamos quietos y los otros avanzan), resulta necesario identificar adecuadamente las condiciones para motivar el protagonismo de las PYMES.
A estos efectos, se ha pensado en una política de Estado que organice las fuerzas productivas del país en programas concretos de creación de trabajo dentro del sector PYMES. Por simplicidad llamaremos a esto el Programa.
Este objetivo requiere ciertas condiciones previas. La primera es un conjunto de incentivos. Otra es la capacitación orientada. La tercera es la paciencia y la inteligencia para desarmar el andamiaje del actual status quo y reemplazarlo por otro donde se readecúen los roles de cada uno de los actores vigentes.
El incentivo debe tener dos características, Una es cuantitativa, a través de beneficios fiscales, créditos, soportes de cargas sociales, regímenes laborales especiales, etc. Otra es cualitativo, para que haya un reconocimiento social al esfuerzo de incorporar nuevo personal.
Para el grupo de incentivos cuantitativos deberá ajustarse la legislación existente en los siguientes conceptos:
- Cada PYME que se presente con el objetivo de ampliar su cartilla en un 20% como mínimo en el término de un año, tendrá un régimen fiscal similar al del monotributista, durante un período inicial de 10 años extendible a un segundo período de igual magnitud, siempre que no sea penalizado por incumplimiento grave. A estos efectos cada PYME declarará bajo juramento su plantilla actual, y la plantilla a lograr en el curso de los primeros seis meses de aceptada su inscripción, así como su nivel de facturación actual y esperado en moneda constante.
- Delegar en organismos provinciales y/ o municipales si corresponde, todas las facultades para aceptar y aprobar su incorporación al Programa que corresponda a su jurisdicción, facilitando la capacidad organizativa y normativa Entre dichas facilidades y delegaciones de facultades, se incluirá la elaboración y completamiento de todo el conjunto de autorizaciones requeridas para exportar. Suprimir, en consecuencia, toda intervención del Estado Nacional
- Unificar bajo una sola cuenta interbancaria fideicomisada por el Banco Nación en conjunto con los bancos que la provincias, designen para dicho fin, los fondos de garantía solidaria para los proyectos orientados a la exportación de las PYMES y requieran financiación bancaria.
- Establecer una quita del 100% durante los primeros 3 años y del 50% los restantes 7 años del primer período de todas las cargas sociales tanto del empleador como del empleado. Las entidades gremiales competentes deberán asumir estas reducciones, al mismo tiempo que facilitarán la organización y puesta en marcha de regímenes especiales para los acuerdos salariales y las condiciones de trabajo para las PYMES que sean aprobadas para incorporarse al Programa.
Desde el punto de vista cualitativo, se pueden instrumentar diversos instrumentos, entre los cuales, la habilitación municipal para invocar en el frente del establecimiento su condición de formar parte del Programa y la posibilidad de incorporar la misma condición en el etiquetado del producto; la producción de seminarios, conferencias y eventos especiales para difundir el Programa, sus contenidos y condiciones, garantizando la transparencia que crea la información compartida y, al mismo tiempo, incentivando la participación. La información, con un canal sencillo para la denuncia es crucial y es el mejor antídoto contra la trampa y el engaño.
La condición de la capacitación orientada debe hacerse a través de instituciones educativas terciarias y donde el aprendizaje práctico reciba una orientación adicional empresarial. Los certificados a otorgar indicarán la condición del Programa, para facilitar la inserción laboral Se crearán mentoreos especiales ad honorem (prácticas no rentadas para alumnos de último año) en cada instituto terciario, para apoyar la capacitación y su instrumentación práctica. Un certificado emitido por un mentor avalado por un Instituto, servirá así como pasaporte técnico para la incorporación del capacitado en la PYME correspondiente. Estimando un mentor cada 20 capacitables, necesitados por el 20% de las Pymes para el Programa , la necesidad es de 5.000 alumnos,o sea 50 por cada una de las 100 universidades de posible participación.
El reperfilamiento de los roles incluye las estrategias para amortiguar el desgaste de la batalla por el poder, que es parte de lo que está en juego. Las organizaciones sociales que han basado su gravitación e influencia en su condición de dadores de ayuda material pelearán para mantener sus funciones. A su vez los gremios, también resistirán a cualquier cambio que amenace las reglas de juego del sistema sindical vigente. Explicar el principio del ancestral juego de ajedrez de “perder para ganar” será clave en esta estrategia; principio que deberá aprender además el propio Estado que clamará por impuestos y cargas no cobradas temporalmente cuando en el futuro tendrá mayor recaudación fiscal por nuevas fuentes genuinas de producción y comercio.
Todo el sistema requerirá supervisión colaborativa. Se estima un supervisor por cada 40 PYMES, durante un máximo de tres años y éstos deben surgir de las plantillas gubernamentales actuales de los ministerios y dependencias con intervención en la temática social.
Al mismo tiempo, por la diversidad de actores y por la idiosincrasia nacional vinculada con la laxitud, picardía y mala fé en la interpretación y cumplimiento de las leyes, será necesario establecer un sistema de control eficaz. A estos efectos, y para minimizar la burocracia, se establecerá un mecanismo de auditoría bajo un sistema de sorteo vía la Lotería, que verificará los cumplimientos y propondrá las penalidades correspondientes. La Auditoría será requerida a las Universidades nacionales y provinciales.
El Programa tiene un costo fiscal ínfimo, que luego, con el tiempo pasa a ser superavitario. Exige una coordinación solidaria entre el sector público y la ciudadanía y un protagonismo crucial de la pequeña empresa que produce, comercializa, presta servicios y es fuente y recepción de la innovación. La participación numérica y conceptual en el Programa se puede resumir en los siguientes puntos:
La planificación para el desarrollo social es consecuencia del progreso individual. La organización de los recursos y afectaciones para alcanzar esos objetivos es una tarea indelegable que forma parte de la obligación del Estado. El programa que se propone exige el cambio de un Estado benefactor diseñado para repartir a la búsqueda del poder del funcionario de turno, al de un Estado organizador de la economía para que haya trabajo que asegure la independencia de la persona y la justicia social de la igualdad de oportunidades. Ese será el cambio revolucionario que, luego que se haya desplegado en plenitud, dejará de tener razón de ser.
por Nicolás Gallo
