Procurador general de la ciudad de Buenos Aires
Las lesiones a los policías y los destrozos en el espacio público provocados por un grupo de violentos en los graves incidentes del 18 de diciembre no se pueden pasar por alto. Estamos trabajando para lograr que la Justicia condene los delitos cometidos y para que los responsables de los daños paguen de su bolsillo la reparación de los mismos.
Apenas ocurridos los hechos, y sabiendo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres, tenía a su cargo la investigación de los mismos, tomamos la decisión de presentarnos como querellantes en dicha causa, en cumplimiento de la obligación constitucional que recae sobre la Procuración General de representar en juicio a la Ciudad de Buenos Aires en todo proceso en que se controvierta sus derechos e intereses y de ejercer la defensa de su patrimonio.
Habiendo recibido una primera estimación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sobre la magnitud de los daños producidos, imputamos el delito de daño agravado, previsto en el art. 184 del Código Penal, que contempla una pena de entre tres meses y cuatro años de prisión. Cabe apuntar que meses atrás el presupuesto para la obra de puesta en valor de la Plaza del Congreso ascendió a $59.000.000 y que el monto estimado de reparación de los daños producidos alcanza a los $24.000.000.
En paralelo a los avances de dicha causa, en la que hemos efectuado reserva de ampliar la imputación por otros delitos, estamos trabajando para demandar en sede civil la reparación de los daños causados, tanto a las personas físicas que los hayan ocasionado como a las organizaciones que promovieron los incidentes, lo cual constituirá un valioso precedente. Con estas presentaciones no solo cumplimos con las obligaciones propias del cargo, sino que también sumamos nuestra voz al rechazo profundo a la violencia por parte de toda la sociedad. No olvidemos que la democracia que felizmente recuperamos a partir de 1983 se basó en el contrato social que dijo “nunca más” a la violencia política.
La gravedad de los recientes acontecimientos debe servir para procurar la idea de que la violencia puede ser admitida como un mecanismo para dirimir conflictos sociales. Es preciso condenar no solo a las persona físicas violentas, sino también a las agrupaciones que organizan y promueven la violencia. En el caso también pudo comprobarse, no sin estupor, la conducta de varios legisladores de la oposición, que, lejos de reprobar la violencia que se desataba en las calles, parecían querer beneficiarse o justificar la misma para el logro de sus objetivos políticos, poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Perseguir una sanción a los violentos en este caso no es criminalizar la protesta social. Estamos cercanos y sensibles a las necesidades de los más débiles, en la gestión de gobierno y en nuestras más profundas convicciones personales, pero también enfatizamos que ningún reclamo, por válido que fuese, puede justificar el uso de la violencia.
Respetamos los disensos y el derecho a la protesta en la vía pública por los cauces legales. Pero ello no supone, como lo ha señalado Néstor Sagüés, que exista un derecho a la agresión, ni mucho menos una garantía de impunidad para quienes recurren a las vías de hecho en forma antijurídica. Queremos que el sentido de justicia que anida en el ciudadano común pueda verse reflejado como corolario de estos tristes episodios vividos: el que las hace las debe pagar.
Fuente La Nación Online – http://www.lanacion.com.ar/2098618-que-la-justicia-frene-a-los-violentos
