Tras la irrupción de la pandemia, el gobierno mostró una tranquilizante racionalidad comunicacional, a través de conferencias de prensa quincenales que compartían de modo ameno Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. La estrategia inicial consistió en una cuarentena estricta durante la cual incrementar el número de camas de terapia intensiva, y evaluar los avances que países desarrollados y grandes laboratorios tenían en la búsqueda de vacunas contra el virus. Pero las castas políticas, más acostumbradas a las pullas entre sus miembros que a pensar en el bien común, en poco tiempo abandonaron la racionalidad para dar lugar a su habitual mediocridad.
El primer mojón discursivo lo produjo el presidente cuando planteó a la vida y a la economía como opciones, no como preocupaciones simultáneas. Más aún en una sociedad en la que coexisten quienes cobran salario aunque no trabajen, con los que no comen sino trabajan. En plena pandemia comenzaron a surgir acciones políticas sectoriales y descoordinadas, tales como intentos de expropiaciones y usurpaciones, impunidad judicial, afectación unilateral de coparticipaciones, y tras la aparición de las primeras vacunas, gestiones de compras que mimetizaban intereses de funcionarios con empresarios. Es en este contexto que debe analizarse el discurso político, que en lugar de informar a los ciudadanos la dinámica que interrelaciona laboratorios, provisión de vacunas, logística de traslado y aplicación, evaluación de resultados y evolución de la pandemia, transparentó la ausencia de una conducción unificada y confiable, que aunara lo operativo con lo científico a través de la comisión oficial de infectólogos, que extrañamente no incluía a la Anmat, organismo que debe aprobar las vacunas. Pese a lo cual, el gobierno intentó hacer recaer en periodistas y opositores las dudas generadas por la natural multiplicidad de opiniones científicas y políticas respecto a pandemia y vacunas, en las que coexistían conocimiento, hipótesis y necedad. Por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sin ningún fundamento ni apoyo científico, expresaron que no era necesario que la segunda dosis de la vacuna Sputnik se aplique dentro de las doce semanas como fuera originalmente anunciado. De tal modo, lo discursivo ingresó en la bruma de la confusión, ocultamiento y estupidez, generando inquietud e interrogantes no clarificados.
En un viaje reciente, la ministra de Salud Vizzotti verificó en México la entrega de vacunas AstraZeneca, y firmó en Cuba un contrato por provisión de vacunas que se producirían en dicho país, sobre el cual no se explayó aduciendo “confidencialidad”. Concepto aplicable al campo privado (confesión, médico, periodismo), pero no a lo público, que en casos extremos aplica el término “reservado”. Dicho lo cual, no se comprenden las razones por las cuales dicha “confidencialidad” impida informar a la sociedad el tipo de vacuna cubana, etapa en desarrollo, cantidades ofrecidas, entregas estimadas y contraprestaciones establecidas. Tampoco Vizzotti informó porque dicho viaje excluyó al vecino Estados Unidos para establecer contactos directos con los laboratorios de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Ello nos recuerda que también se desconoce a quienes en el gobierno tienen las atribuciones para concentrar todo lo atinente al manejo de la pandemia desde lo comunicacional, contractual, gestión ante proveedores y planificación logística. Tal omisión hace sospechar que la mentada confidencialidad, en realidad encubre secretismo, que caracteriza a los burócratas que se niegan a informar asuntos públicos, habitual en dictaduras, autocracias o gobiernos poco democráticos. Esta situación facilita mensajes políticos falaces, oscurantistas e incluso delirantes, sin que la oposición aporte claridad al respecto. Sirvan los siguientes ejemplos.
“Pfizer me ponía en una situación muy violenta por exigencias” (presidente Fernández) “Las vacunas Pfizer no nos hacen falta; además son de logística complicada” (diputada Mara Brawer) “Es mentira que Pfizer haya comprometido 13,2 millones de dosis” (presidente de la Comisión de Salud, diputado Pablo Yedlin). “Pfizer exigió como garantía hielos continentales” (Jorge Rachid, médico asesor del gobernador Kicillof). “Según información periodística Perú y Brasil tuvieron que conceder sus recursos naturales a Pfizer. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados” (diputada Cecilia Moreau). “No compramos las vacunas Pfizer porque son caras” (jefe de gabinete Cafiero). La ausencia de verdad ante la ciudadanía forma parte del secretismo, con el que colabora muchas veces la impericia de la oposición. No es casual, tras quince meses de pandemia, que solo se mantenga clara la instrucción de usar barbijo, lavarse las manos y mantener distanciamiento.
por Alberto Landau
www.politicaenborrador.com , 23 de junio 2021
