En un reciente documento Sturzenegger se refirió a explicar lo que considera el fracaso de la política de Macri y dijo que la causa del fracaso había sido más propia que de los Kirchner. Si bien, como he considerado en anteriores oportunidades, reconozco los errores de la política de Macri, no comparto esa conclusión. En otras palabras, es cierto que la política seguida por Macri no corrigió la crisis heredada. Pero al mismo tiempo no me cabe la menor duda que el origen de la crisis no es monetario sino que fue causada por el incremento del gasto público, que en 2003 alcanzaba a un 23% del PBI y a la llegada de Macri en el 2015 alcanzaba según mis estimaciones a un 46% del PBI. Otras estimaciones dicen que alcanzaba al 48% del PBI.

En tanto y en cuanto se ignore que la causa de la crisis recesiva que se padece y la inflación ha sido el nivel del gasto, la política a seguir no la corrige, y esa es la situación que enfrentamos. Reconozco que la reducción del gasto es en la actualidad un proceso difícil y no estoy en condiciones de describir el cómo, pero no me cabe la menor duda que es el qué.

La reciente información del Banco Central muestra que la base monetaria entre diciembre del 2018 y agosto del 2019 no creció. Y la oferta monetaria (billetes y monedas en poder del público más depósitos bancarios públicos y privados) en el período creció un 15,3%. O sea que dado que en agosto la inflación creció un 4%, por tanto la inflación en el período alcanzó a un 30%. La oferta monetaria en el período creció la mitad del nivel de inflación, por tanto creo que es una prueba manifiesta que la inflación no está siendo un problema monetario.

Me voy a permitir repetir lo que considero la sabiduría de George Gilder que escribió: “Dado que el gobierno se ha convertido en un factor de producción, la única forma de disminuir su impacto en los precios es reduciendo su dimensión o aumentando su productividad”. Y siguió: “No es principalmente el déficit fiscal la causa de la inflación. Si el déficit se corrige con tasas de impuestos más elevadas y la oferta monetaria permanece constante, el nivel de precios subiría en la forma ortodoxa de la ley de costos. Habrá menos inversión y menos productos”. Creo que esa descripción describe la situación que se vive al respecto en la Argentina.

Otra incógnita pendiente es el hecho  que, de acuerdo a la última información respecto al gasto público nacional, entre julio del 2018 y julio del 2019 aumentó un 37%. Si la inflación proyectada para el año alcanza o supera el 50% y el aumento del gasto se mantiene en el 37% el gasto se habría reducido en términos reales y por tanto también respecto al PBI a precios corrientes.

Pero esa realidad aparentemente no satisface los requerimientos del equilibrio económico argentino. Si la política se mantiene en conformidad con el acuerdo con el FMI el objetivo es la reducción del déficit fiscal. Aparentemente ese objetivo se habría logrado y el déficit en el periodo se redujo a un 0,4% del PBI. Ese objetivo se habría logrado como consecuencia de que los ingresos totales en el período considerado aumentaron un 50%. Lo que revela un aumento en los impuestos que determina un mayor incremento del costo que paga la sociedad.

Otro aspecto importante respecto a la concepción de la política oficial es la creencia de que la devaluación es causante de la inflación. O sea que una vez más se está ignorando el impacto del sector público en los precios. De acuerdo a mis estimaciones el tipo de cambio en diciembre del 2017 estaba revaluado en un 28,4%. Esa situación se corrigió en el 2018 ,por más que el gobierno lo consideró una crisis. En diciembre del 2018 el tipo de cambio había pasado a estar devaluado en un 6,5%. Esa situación varió durante el presente año y el peso en agosto estaría devaluado en un 26,55%. Por tanto la diferencia con respecto a diciembre pasado es menor que el nivel de la inflación en el período. Y como ya he escrito anteriormente la devaluación registrada a partir de las PASO entraña un problema político y no económico.

Al respecto voy insistir en un hecho favorable que ha sido el aumento del superávit comercial que en los primeros 6 meses del año alcanzó a u$s 6.500 millones. Y no se debió fundamentarme a un aumento en las exportaciones sino a una reducción considerable de las importaciones.

Pero al respecto parece que la información referente al aumento de los precios del petróleo podría tener otro efecto favorable por la disponibilidad de Vaca Muerta. Por supuesto también podría tener un efecto desfavorable respecto a los precios internos de Argentina.

Ese incremento del superávit comercial también aparentemente habría tenido un efecto favorable respecto a las reservas del Banco Central. De acuerdo a la última información del Banco Central al respecto las reservas del Banco Central aumentaron de u$s56.978millones en diciembre del 2018 a u$s62.325millones en agosto pasado. No obstante esta aparente favorable información que a mi juicio refleja al menos parcialmente el reciente superávit comercial, en un artículo de La Nación de hoy se dice que las reservas cayeron y que alcanzan a solo u$s 49.9668 millones. Perdón pero no lo entiendo y hasta donde leí el artículo no hay una explicación clara del porqué de esa caída en los primeros 17 días de septiembre.

El otro problema pendiente es sin lugar a dudas el nivel de la deuda pública que de acuerdo a la información oficial, en abril pasado alcanzaba u$s 324.897 millones que conforme el tipo de cambio actual alcanzaría $18.922.001 millones, que con respecto al PBI en precios corrientes del 2018 representaría un 127% del PBI.

Y concluyo es indudable que la política oficial a partir del 2016 no ha sido la correspondiente para corregir el desequilibrio heredado del gobierno anterior causado por el crecimiento sideral del gasto público. Pero sigo sin estar de acuerdo con Sturzenegger que ignora la causa inicial del desequilibrio pendiente.

Por  Armando Ribas