Cuando se enfrenta cualquier tarea de gobierno lo primero que se hace es analizar los problemas existentes y proponer, sugerir y ejecutar las acciones que la realidad requiere, procurando que ellas sean factibles técnica y políticamente.
El gobierno nacional, casi todos los provinciales y muchísimos municipales, han hecho, en nuestro país, desde el 10 de diciembre del año pasado, exactamente lo contrario, lo que se agravó aún más a partir de la llegada del Covid 19 a nuestro territorio.
En primer lugar hay que recordar y enfatizar que la República Argentina es de todos los ciudadanos y no solo de algunos, cualquiera sea su ideología, su militancia, sus compromisos, su situación económica o cualquier otro rasgo distintivo.
De modo tal que quienes gobiernan tienen la obligación de velar por todos, para lo cual tienen que guiarse por la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia.
Además, quienes tienen tamaña responsabilidad, deben afrontar sus obligaciones de modo sensato, ecuánime y útil.
Sin embargo se han dedicado a proponer y hacer insensateces, a enfrentar a los ciudadanos, sugerir y ejecutar disparates, una y otra vez, como si la repetición los validara.
Pero el colmo del disparate es abordar como cuestiones fundamentales, una serie de acciones destinadas a violentar el sistema jurídico vigente, con el propósito de limpiar el historial delictivo de la vicepresidente de la República, su familia y la banda de cómplices que los acompañaron en su paso por sitios de poder gubernamental, económico o gremial. Por más vueltas que le den a los argumentos esgrimidos y aplaudidos por tribus de obsecuentes, el único y solo propósito es el señalado
Esto es una canallada a la que dedican casi todo el tiempo y energía, sin abordar o haciéndolo de modo superficial e improvisado, las cuestiones centrales de nuestra realidad.
Entonces hemos visto que, sin ton ni son, nos hemos enfrentado con casi todos nuestros vecinos; hemos hecho papelones tales como decir y desdecir declaraciones de nuestros diplomáticos; impulsar la violación de la propiedad privada, con argumentos baladíes; imponer la violación del derecho de circular por el territorio de nuestra nación; equivocarse o mentir, de una manera ridícula, en cuestiones vinculadas con la pandemia tales como el número de afectados, o las vacunas y su tiempo de aplicación; priorizar la diversión a la educación postergando el reinicio de las clases pero autorizando los casinos, y tantos otros disparates inconcebibles.
Y como si esto fuera insuficiente para provocar enojo y caos, la pandemia mas la pésima forma de enfrentarla ha generado un daño económico sideral, con el consecuente perjuicio social.
En cualquier situación semejante lo natural, lo aconsejable, lo superior, sería convocar a todos los sectores políticos, sociales y económicos, a dialogar, deponer enfrentamientos, acordar cursos de acción para superar los obstáculos que se presentan y se presentarán.
Sin embargo, en el colmo del disparate, se anuncia que se llamará a empresarios, sindicalistas e intelectuales, pero se excluye a los partidos políticos en un adicional desprecio quienes tienen reconocimiento constitucional mientras se intenta gravar a “los ricos” de un modo ilegal e inconstitucional.
Pero el caos generalizado por el velatorio de los restos del jugador de futbol, Diego Maradona, es hasta ahora una de los mayores desatinos. propiciado por el gobierno, que violó, no solo la memoria de un destacado deportista, transformándolo en una kermesse, impulsando el masivo incumplimiento de los recaudos exigidos por la pandemia, con el único y bastardo propósito de suponer que la demostración popular los iba a favorecer. Un desastre mayúsculo, que avergüenza.
por Guillermo Lascano Quintana
