Recientemente, la investigación del periodista Luis Gasulla reveló que Nacha Guevara, “por amenazas” en los 70, cobró del Estado unos $12.000.000 por haberse exiliado durante 2.856 días. Más allá de la notoriedad pública que alcanzó el caso, debe repararse en que es apenas uno entre miles que no han tenido la misma publicidad.

Efectivamente desde su sanción en 1990 y 1994, respectivamente, por las leyes 24.043 y 24.411, entre otras, llamadas “leyes reparatorias”, se han pagado a víctimas y parientes de la represión ilegal del Estado en los 70, más de 3.000 millones de dólares (monto actualizado a valores de hoy, según las proyecciones por mí realizadas), sin que los argentinos podamos saber a quiénes, por qué y con cuanta plata se pagaron –y siguen pagando– estos beneficios.

¿Existe transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano y judicial en estos pagos? Decididamente, no. Son decisiones administrativas, inaccesibles para los argentinos de a pie, adoptadas arbitrariamente desde un área hermética del Estado como es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH).

¿Por qué se rodea de tanto secreto a los beneficiarios de una ley? ¿Por qué el Gobierno oculta sus nombres y el dinero que se les otorgó y otorga?

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que Horacio Verbistsky presidió hasta el “vacunatorio VIP”, publicó un artículo revelador, titulado “La experiencia argentina de reparación económica en graves violaciones de los derechos humanos”, escrito por la Dra. María José Guembe, directiva del organismo.

Dice Guembe: “Uno de los problemas que surgieron en la aplicación de esta ley (24.043) es que muchas de las personas que reclamaban la indemnización, tenían juicios penales en su contra: su detención no obedecía al dictado del ‘Estado de Sitio’ sino a la acusación de haber cometido delitos en el marco de la ‘lucha armada’ y, aunque había intención de sumar a estas personas entre los beneficiarios, la norma legal no lo habilitaba. (…) El tema no fue incluido por la polémica y fuerte oposición que habría generado en el Congreso Nacional, difícil de superar ya que la dirigencia política estaba dispuesta a otorgar una compensación a los que habían sido injustamente encarcelados, pero no a los acusados de cometer delitos. También era seguro que, si se incluía a estas personas, se dispararía un fuerte descontento social. Por este motivo esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero –posteriormente– se dictaminó de manera favorable el cobro del beneficio, con resoluciones administrativas de la Secretaría de Derechos Humanos.”

La acusación es gravísima: la aplicación de esta ley por parte de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) durante todos estos años condujo a pagar de manera arbitraria, fraudulenta e ilegal, multimillonarias cifras a quienes no debían cobrarlas.

Entre más de 12.000 expedientes liquidados favorablemente en estos años, en el marco de estas leyes, un grupo minoritario de este universo de “premiados” por el Estado argentino merece destacarse: los uruguayos exiliados en la Argentina en los 70.

Cuando en 1973 se instaló en Uruguay un gobierno cívico-militar que se extendió hasta 1985, presidido por el Dr. Juan María Bordaberry, se vivía en el vecino país un proceso de deterioro social y económico, con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada, allí, por varios grupos de izquierda, entre los cuales se destacaron, entre otros, el (MLN) Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, la OPR-33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales) y la FAU (Federación Anarquista Uruguaya).

Cuando se produce el golpe, muchos militantes de aquellas organizaciones buscaron resguardo en nuestro país y se unieron, para formar aquí el “Partido para la Victoria del Pueblo”. Su objetivo era continuar, desde acá, la lucha contra el gobierno de Bordaberry y también operar con las organizaciones guerrilleras argentinas en su lucha por la instauración del socialismo en el continente.

Producido en 1976 el golpe militar en la Argentina, según información que se registra hoy en la página del Ministerio Público Fiscal de nuestro país, fueron detenidos varios ciudadanos uruguayos que, luego de pasar algunos pocos días en sitios de detención argentinos, fueron trasladados al Uruguay para quedar a disposición de las autoridades uruguayas, permaneciendo presos varios años y luego recuperando su libertad. ¿Cuántos?

En todos estos casos, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno kirchnerista les pagó multimillonarias indemnizaciones, actualizadas, como si todos los días de detención, incluidos los años en Uruguay, hubieran sido en jurisdicción argentina.

El listado completo de estos inconcebibles casos ya fue publicado por La Nación. Para no ser reiterativo, pueden resumirse en el del activista uruguayo Gastón Zina Figueredo, detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Le hubieran correspondido $37.800, pero cobró del Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575.

Hace poco, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, requirió al papa Francisco la apertura de los archivos vaticanos que pudieran contener información sobre los años 70 en la Argentina. Nosotros no hemos de cejar en el reclamo a la justicia y al gobierno argentinos para que se abran los más cercanos, los archivos de la SDH, a fin de acceder a toda la verdad. Y este pedido debe ser encabezado por la oposición política y los medios independientes, en representación del anhelo de millones de argentinos hastiados de las “mentiras de Estado”.

Así, la verdad nos hará libres y podremos superar el doloroso pasado que nos ata.

por José D’Angelo

La Nación, 25 de julio de 2022