Resulta imposible superar los enfrentamientos que nos dividen históricamente como sociedad, si no ponemos fin a la iniquidad que representan los juicios de lesa humanidad con sus escandalosas discriminaciones. Las estadísticas así lo demuestran, el promedio de la prisión preventiva para delitos comunes se ubica en 1,4 años, en tanto en los procesos por delitos de lesa humanidad el promedio asciende a 6 años; mientras sólo el 4% de los presos por delitos comunes supera los 2 años de prisión preventiva, en las causas por lesa humanidad el porcentaje llega al 76%.
Podríamos escribir muchas páginas acerca de los juicios ilegales y la ausencia de las normas del debido proceso que han padecido más de 2000 presos, los cuales, víctimas de esta justicia asimétrica, son tratados como parias, para los cuales no se aplican ninguno de los derechos y garantías constitucionales de los que gozan todos los habitantes de la Argentina. Ya han muerto 545 en cautiverio, más del 95% de ellos sin sentencia firme, es decir inocentes. En realidad están condenados a muerte, una muerte lenta. Estos son presos políticos, pues su juzgamiento y encierro obedeció a una decisión política del gobierno de Nestor Kirchner, con la necesaria anuencia del Congreso y de los jueces, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, que ignoró los principios más básicos del derecho para posibilitar la reapertura de las causas que habían fenecido, quince años antes, en pleno gobierno democrático, por virtud de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final además de los indultos presidenciales.
Hoy desde el gobierno y los medios en general, se habla del necesario respeto a la ley en materia de prisiones preventivas. Estaríamos de acuerdo si esta no fuera una hipócrita declamación, dirigida únicamente para aplicarse a los ex funcionarios corruptos y sus cómplices, quienes están siendo excarcelados uno a uno.
Nada se dice de los verdaderos presos políticos, cuyo encarcelamiento sin condena ha superado con creces el plazo legal para las prisiones preventivas. Los jueces, salvo contadísimas excepciones, continúan, y ahora más que nunca, sujetos a los designios de la perversa política llamada de “derechos humanos” que ha sustituido al derecho, en consecuencia la justicia que aplican es tuerta y discriminatoria, para vergüenza de los argentinos.
En forma creciente y por la concurrencia de nuevos testigos y “víctimas” que cobran millonarias indemnizaciones, se tergiversan los hechos, transformándoselos “en crímenes imprescriptibles cometidos por agentes estatales en el marco de un plan sistemático de exterminio de enemigos políticos”. Ellos o sus familiares son indemnizados, mientras que se encarcela a los efectivos policiales o militares intervinientes luego de 40 y 50 años de ocurridos los hechos, es decir cuando cuentan 65, 75 o más años de edad. A los terroristas les es reconocido inclusive el “derecho a la resistencia”, con lo cual la Justicia justifica que los ahora indemnizados hayan matado a los compañeros de esos militares o policías durante los enfrentamientos.
Muchos han sido juzgados incluso por magistrados manifiestamente vinculados con las organizaciones guerrilleras de entonces o los querellantes de ahora en abierta violación a la garantía de imparcialidad.
En una situación que resulta inexplicable, a los guerrilleros detenidos, juzgados y condenados legítimamente por el Poder Judicial de entonces, se los indemniza con los recursos de todos los argentinos, mientras que se castiga a sus aprehensores y a algunos de los Jueces que los condenaron.
El Estado argentino que a lo largo de 45 años se limitó primero a juzgar a los Comandantes y la cúpula guerrillera, luego también a los hechos aberrantes, más tarde amnistió a todos, incluidos los guerrilleros miembros de las bandas asesinas, luego indultó a los Comandantes y a la cúpula terrorista, para luego volver a enjuiciar pero sólo a los miembros de las FFAA y de Seguridad, más algunos civiles elegidos con minuciosa precisión por las organizaciones financiadas por ese mismo Estado.
Se trata del mismo Estado que en ese lapso envió a sus FFAA a combatir al terrorismo guerrillero; los alistó para una eventual guerra con Chile; los envió a la guerra contra el Reino Unido en Malvinas, a sumarse a la ofensiva internacional en la guerra del Golfo y a innumerables misiones de la ONU en todo el mundo. Se trata del mismo Estado del cual son parte los señores Magistrados que hoy actúan con semejante inequidad, aunque parecieran ignorarlo. El mismo Estado que se encuentra comprometido ante la comunidad internacional a respetar las garantías individuales, entre las que se halla la de la igualdad ante la ley, violada en nuestro territorio en forma sistemática nada menos que por quienes debieran afianzarla. Un Estado que ha “privatizado” el juzgamiento de estos delitos dejándolos en manos de muchos jueces, organizaciones y una Procuraduría de fiscales ideologizados, así como otros para los cuales los juicios de lesa humanidad -además de ser una fuente de enriquecimiento que les permite cobrar hasta 600 mil pesos mensuales por efecto de la subrogancia, han engendrado un Jordán donde lavar sus múltiples prevaricaciones, o la figuración necesaria para lograr la aceptación, el ascenso y otros favores del poder político.
La reciente exposición del Obispo Castrense Monseñor Santiago Olivera en el Vaticano, ante los Obispos Castrenses y Capellanes militares de todo el mundo, constituye un hito al cual debiera la clase dirigente argentina prestar la debida atención y avergonzarse de la situación que se está viviendo en nuestro país a causa de estos procesos.
Estos procesos judiciales fueron reiteradamente cuestionados por la Academia Nacional de Derecho y especialistas en derecho penal y constitucional, por resultar discriminatorios y violatorios de garantías constitucionales. En ninguna noción de Justicia cabe que se encuentren libres e indemnizados ideólogos y líderes guerrilleros mientras se mantengan presos a quienes los combatieron cuando eran jóvenes militares y policías de muchas de nuestras provincias.
Ante una sociedad que presenta récords inmorales de pobreza, ¿cómo se justifica que el Estado destine partidas que en breve alcanzarán 11.500 millones de dólares para mantener una política con juicios interminables que saturan las agendas de los tribunales federales, en cuyos despachos prescriben causas de narcotráfico y corrupción?
Han transcurrido 50 años y 15 desde la reapertura de los juicios. Todos los procesos que no cuentan a la fecha con sentencia firme resultan violatorios de la garantía de todo ciudadano de ser juzgado en un plazo razonable y que en un plazo razonable le sean determinados sus derechos (art. 8 CADH).
Para que nunca más vivamos divididos, es hora que el poder político y los Tribunales pongan fin a este vergonzoso capítulo de desigualdades y se restablezca la Justicia verdadera, condiciones necesarias para encontrar la concordia entre los argentinos.
Por Alberto Solanet
La Nación, 31 de enero de 2020
